Al igual que han hecho muchos otros países, Turquía ha establecido la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para empresas que desarrollan su actividad comercial en el sector de los hidrocarburos o para aquellas que comercializan productos sujetos a impuestos especiales, como son el tabaco, el alcohol o las bebidas ligeras.
En Eslovenia, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entró en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces, es indispensable que tanto las autoridades públicas como sus proveedores envíen y reciban facturas en formato electrónico.
Problemáticas compartidas, preocupaciones comunes, procesos anticuados; pero también, soluciones a todas esas cuestiones. De todo esto - y mucho más – se debatió durante la celebración del Finance Meeting 2019.
En febrero de 2012, el Consejo de Ministros de Chipre aprobó la “Digital Strategy for Cyprus”, estrategia destinada a la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas con la finalidad de lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva. Esta estrategia, cuyo periodo de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020, está alineada con los objetivos y acciones propuestas por la Agenda Digital Europea, y fue puesta en marcha por el Departamento de Comunicaciones Electrónicas y por el Comité Asesor para la Sociedad de la Información.
En Oceanía, el único país que tiene obligatoriedad en relación a la factura electrónica es Fiyi. No obstante, parece que la exclusividad no durará mucho tiempo, puesto que Australia y Nueva Zelanda parecen estar decididos a dar los primeros pasos en la implementación de la e-factura, tras la firma del tratado “Trans-Tasman e-Invoicing Interoperability Framework”, que se espera que vea a luz a finales de 2019.
A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.
A diferencia de lo que ocurre en otros continentes, como Europa o América, el uso de la factura electrónica en África es prácticamente inexistente. A pesar de que en la mayor parte de países africanos la factura electrónica está permitida, e incluso se encuentra legislada, los gobiernos no apuestan por la implementación de la misma. Las únicas excepciones las encontramos en Túnez y Angola, donde los grandes contribuyentes están obligados a emitir e-factura.
La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.
La implementación y el éxito de factura electrónica en América es el fruto del esfuerzo de las Administraciones Públicas y Tributarias de los diferentes países del continente, que vieron en la e-factura un elemento clave para el avance y la transformación digital. En la década de los 90, las ideas propuestas en el Consenso de Washington y la influencia del “reinventing government” para la gestión pública, sentaron las bases para el impulso de la factura electrónica.
Los países escandinavos son, sin duda, uno de los lugares del mundo en los que la e-factura ha gozado de una acogida excepcional. Noruega, junto con Dinamarca, Suecia y Finlandia, es uno de los países europeos que más fuerte ha apostado por la implantación de la facturación electrónica en el ámbito B2G.
