La puesta en marcha de un sistema de factura electrónica en Guatemala comenzó en 2007 y, hasta la actualidad, ha ido sufriendo varios cambios. FACE fue el primer sistema de e-factura que el gobierno del país puso en funcionamiento. No obstante, en 2018, con el objetivo de hacer la factura electrónica más eficaz, se decidió modificar el sistema FACE y pasar al FEL (Factura Electrónica en Línea).
En Mónaco, el concepto de factura electrónica comenzó a generalizase entre las empresas a partir de la modificación de la Ordenanza 4.199, del 20 de febrero de 2013, relativa al IVA, que reconoce a la e-factura como “cualquier documento probatorio de prestación de bienes y/o servicios que se emite en formato electrónico”.
En 2014, Italia implementó la obligatoriedad de la factura electrónica en las Administraciones Públicas, con el objetivo de cumplir con la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa. Cuatro años después, en 2018, tras haber comprobado que la e-factura aporta numerosos beneficios a las empresas, el Gobierno italiano decidió masificar el uso de la misma entre todas las empresas del país.
El Gobierno italiano continúa con paso firme con la transformación digital de sus Administraciones Públicas.
En Rusia, las empresas pueden facturar a través de medios electrónicos desde 2012. Es muy destacable que, a pesar de no existir impulsos normativos, el uso de la factura electrónica está ampliamente extendido entre las empresas, siendo los sectores del automóvil, farmacia y gran distribución los que encabezan el ranking de emisión de e-facturas.
En 2014, la Ley sobre el Impuesto del Valor Agregado se sometió a varias revisiones. Las discusiones duraron varios meses y, uno de los objetivos que se perseguía era introducir la permisión de la factura electrónica. De esta manera, se acordó que, desde marzo de 2015, las empresas de Macedonia tuvieran la posibilidad de utilizar, voluntariamente, facturas electrónicas en sus relaciones comerciales.
2020 será un año clave para el despegue de la factura electrónica en Portugal gracias a la transposición de la Directiva 55/2014/UE sobre la facturación electrónica en Europa. A partir del próximo 18 de abril, tanto las AAPP como las empresas de más de 250 empleados, estarán obligadas, las primeras a recibir y las segundas a emitir, facturas en formato electrónico.
Al igual que ha ocurrido en no pocos países, en los últimos años la adopción de la factura electrónica en Portugal ha sufrido numerosos altibajos y varios aplazamientos normativos. Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, el Gobierno publicó el Decreto-Lei nº 123/2018, donde se establecía la obligatoriedad de la facturación electrónica en el ámbito B2G en el país.
A pesar del gran impulso del Gobierno de Bolivia para introducir la facturación electrónica en el país, mejorar la productividad y eficiencia de las empresas y reducir la evasión fiscal, la masificación de la factura electrónica en Bolivia se ha topado con un nuevo cambio de planes.
La publicación de la Resolución Normativa de Directorio N.º 101900000018 el pasado 29 de octubre de 2019 supuso un nuevo cambio en la puesta en marcha de la e-factura en el país y la prórroga del inicio del Sistema de Facturación Electrónica de Bolivia.
La Jornada de la Factura Electrónica (Journée de la Facture Electronique), en la que SERES estuvo presente el pasado 16 de enero, fue el escenario de presentación de las últimas tendencias en facturación electrónica.
En Montenegro la facturación electrónica se fomenta de forma voluntaria puesto que en la actualidad no existe ningún marco regulatorio que obligue el uso de la facturación electrónica como tal. A pesar de no existir una obligación explícita, la Ley del IVA de Montenegro permite a todos los contribuyentes enviar y recibir facturas en forma "no material"; siempre y cuando exista una aprobación previa de la autoridad fiscal.
Igualmente, toda la factura electrónica que se emita en Montenegro requiere de integridad, autenticidad, disponibilidad y legibilidad. Para ello, y mediante la aplicación de varias Leyes, la República de Montenegro ha determinado que es necesario que las e-facturas contengan una firma electrónica para que tengan validez legal.
