En Eslovenia, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entró en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces, es indispensable que tanto las autoridades públicas como sus proveedores envíen y reciban facturas en formato electrónico.
En febrero de 2012, el Consejo de Ministros de Chipre aprobó la “Digital Strategy for Cyprus”, estrategia destinada a la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas con la finalidad de lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva. Esta estrategia, cuyo periodo de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020, está alineada con los objetivos y acciones propuestas por la Agenda Digital Europea, y fue puesta en marcha por el Departamento de Comunicaciones Electrónicas y por el Comité Asesor para la Sociedad de la Información.
A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.
La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.
Los países escandinavos son, sin duda, uno de los lugares del mundo en los que la e-factura ha gozado de una acogida excepcional. Noruega, junto con Dinamarca, Suecia y Finlandia, es uno de los países europeos que más fuerte ha apostado por la implantación de la facturación electrónica en el ámbito B2G.
La factura electrónica en Países Bajos es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales desde el 1 de enero de 2017. El gobierno holandés transformó la Directiva Europea sobre la factura electrónica (2014/55/UE) en ley a través de la Ley Nacional de Contratación Pública. En el tomo 115 de dicha Ley se regulan los requisitos necesarios para operar con facturas electrónicas.
El pasado 18 de abril entró en vigor la Directiva Europea relativa la facturación electrónica (2014/55/UE), mediante la cual se estableció la obligatoriedad, para las administraciones públicas, de recibir y procesar facturas electrónicas en la Unión Europea. Los objetivos principales de esta medida son impulsar la transformación digital y aumentar la eficiencia en las administraciones públicas. Sin embargo, la introducción de esta Directiva conlleva una serie de cambios logísticos, administrativos y legales que no se han producido de forma homogénea en todos los Estados Miembros.
A partir del próximo 1 de julio todas las empresas no residentes en Portugal estarán obligadas a utilizar la factura electrónica. Esta decisión forma parte de la estrategia puesta en marcha por la Agencia Tributaria y Aduanera (AT) para impulsar la masificación de la e-factura en el país.
La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.
Al igual que ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea, en Luxemburgo ya es obligatoria la facturación electrónica en las contrataciones públicas. Es decir, en la relación B2G. Más concretamente, en 2018 se presentó en el parlamento de Luxemburgo la Ley 7271 en relación a la regulación de la facturación electrónica que, en un principio, quedó pendiente de aprobación debido a los cambios de gobierno que se dieron entre finales de 2018 y principios de 2019.
