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El 2020 fue un año clave en lo que respecta a la masificación de la factura electrónica en la Unión Europea, puesto que, desde el pasado 18 de abril todas las Administraciones Públicas, tanto centrales como regionales y locales, están obligadas a recibir y procesar facturas en formato electrónico.
El impulso de la e-factura se ha convertido, desde hace años, en un elemento esencial para la transformación digital de las empresas y entidades públicas europeas. En este sentido, la masificación del uso de la e-factura en las relaciones B2G (de empresa a gobierno), la introducción de la obligatoriedad de la factura electrónica B2B (entre empresas) en algunos países, el fin de la aplicación de la Directiva 2014/55/CE dentro del marco de la Unión Europea y el impulso de la digitalización de otros gobiernos fuera de la Unión Europea han hecho que 2020 haya sido un año bastante significativo para la facturación electrónica de Europa.
Portugal continúa avanzando en la transformación digital del Sector Público. Prueba de ello es que, desde el pasado 1 de enero de 2021, todas las grandes empresas del país (aquellas que cuentan con más de 250 trabajadores) están enviando sus facturas en formato electrónico a las Administraciones Públicas.
A partir del 27 de noviembre de 2020, los proveedores de las Administraciones Federales alemanas estarán obligados a enviar facturas en formato electrónico. De esta manera, los servicios públicos dependientes de los gobiernos federales se adhieren a lo establecido por la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en la Unión.
Portugal continúa avanzando en la implementación de la factura electrónica en el país. Prueba de ellos es que, a partir del mes de enero de 2021, todas las facturas electrónicas deberán incluir un código QR y un código único de documento (ATCUD).
Desde el pasado mes de abril, la factura electrónica es obligatoria en todas las Administraciones Públicas de los Estados Miembro de la Unión Europea, tal y como establece la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa.
La crisis sanitaria del coronavirus ha dibujado un nuevo panorama en el tejido empresarial español. Tras el frenazo inicial provocado por el virus las empresas españolas están comenzando a impulsar la transformación digital de sus procesos internos. Más allá de la implementación del teletrabajo, las compañías están interesándose por otro tipo de herramientas que les permitan seguir con su actividad comercial desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El pasado 18 de abril finalizó el plazo del año de prórroga que la Directiva 2014/55/UE había dispuesto para la total adopción de la factura electrónica en las contrataciones públicas europeas. No obstante, a día de hoy, una parte de las Administraciones Públicas todavía no se ha adaptado a la nueva normativa europea y, previsiblemente, la Comisión Europea impondrá sanciones por incumplimiento.
En Mónaco, el concepto de factura electrónica comenzó a generalizase entre las empresas a partir de la modificación de la Ordenanza 4.199, del 20 de febrero de 2013, relativa al IVA, que reconoce a la e-factura como “cualquier documento probatorio de prestación de bienes y/o servicios que se emite en formato electrónico”.
La crisis sanitaria del Coronavirus está impulsando el uso de las nuevas tecnologías entre las empresas y los ciudadanos. Se prevé que, en los próximos meses, sean muchas las organizaciones que comiencen a digitalizar sus procesos de gestión para no tener que parar su actividad comercial. En este escenario, la firma digital de documentos se presenta como una herramienta clave para las empresas.
