La crisis sanitaria del coronavirus ha dibujado un nuevo panorama en el tejido empresarial español. Tras el frenazo inicial provocado por el virus las empresas españolas están comenzando a impulsar la transformación digital de sus procesos internos. Más allá de la implementación del teletrabajo, las compañías están interesándose por otro tipo de herramientas que les permitan seguir con su actividad comercial desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El pasado 18 de abril finalizó el plazo del año de prórroga que la Directiva 2014/55/UE había dispuesto para la total adopción de la factura electrónica en las contrataciones públicas europeas. No obstante, a día de hoy, una parte de las Administraciones Públicas todavía no se ha adaptado a la nueva normativa europea y, previsiblemente, la Comisión Europea impondrá sanciones por incumplimiento.
En Mónaco, el concepto de factura electrónica comenzó a generalizase entre las empresas a partir de la modificación de la Ordenanza 4.199, del 20 de febrero de 2013, relativa al IVA, que reconoce a la e-factura como “cualquier documento probatorio de prestación de bienes y/o servicios que se emite en formato electrónico”.
La crisis sanitaria del Coronavirus está impulsando el uso de las nuevas tecnologías entre las empresas y los ciudadanos. Se prevé que, en los próximos meses, sean muchas las organizaciones que comiencen a digitalizar sus procesos de gestión para no tener que parar su actividad comercial. En este escenario, la firma digital de documentos se presenta como una herramienta clave para las empresas.
El pasado 18 de abril entró en vigor la Directiva Europea relativa la facturación electrónica (2014/55/UE), mediante la cual se estableció la obligatoriedad, para las administraciones públicas, de recibir y procesar facturas electrónicas en la Unión Europea. Los objetivos principales de esta medida son impulsar la transformación digital y aumentar la eficiencia en las administraciones públicas. Sin embargo, la introducción de esta Directiva conlleva una serie de cambios logísticos, administrativos y legales que no se han producido de forma homogénea en todos los Estados Miembros.
En 2014, la Ley sobre el Impuesto del Valor Agregado se sometió a varias revisiones. Las discusiones duraron varios meses y, uno de los objetivos que se perseguía era introducir la permisión de la factura electrónica. De esta manera, se acordó que, desde marzo de 2015, las empresas de Macedonia tuvieran la posibilidad de utilizar, voluntariamente, facturas electrónicas en sus relaciones comerciales.
2020 será un año clave para el despegue de la factura electrónica en Portugal gracias a la transposición de la Directiva 55/2014/UE sobre la facturación electrónica en Europa. A partir del próximo 18 de abril, tanto las AAPP como las empresas de más de 250 empleados, estarán obligadas, las primeras a recibir y las segundas a emitir, facturas en formato electrónico.
Al igual que ha ocurrido en no pocos países, en los últimos años la adopción de la factura electrónica en Portugal ha sufrido numerosos altibajos y varios aplazamientos normativos. Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, el Gobierno publicó el Decreto-Lei nº 123/2018, donde se establecía la obligatoriedad de la facturación electrónica en el ámbito B2G en el país.
La Jornada de la Factura Electrónica (Journée de la Facture Electronique), en la que SERES estuvo presente el pasado 16 de enero, fue el escenario de presentación de las últimas tendencias en facturación electrónica.
En Montenegro la facturación electrónica se fomenta de forma voluntaria puesto que en la actualidad no existe ningún marco regulatorio que obligue el uso de la facturación electrónica como tal. A pesar de no existir una obligación explícita, la Ley del IVA de Montenegro permite a todos los contribuyentes enviar y recibir facturas en forma "no material"; siempre y cuando exista una aprobación previa de la autoridad fiscal.
Igualmente, toda la factura electrónica que se emita en Montenegro requiere de integridad, autenticidad, disponibilidad y legibilidad. Para ello, y mediante la aplicación de varias Leyes, la República de Montenegro ha determinado que es necesario que las e-facturas contengan una firma electrónica para que tengan validez legal.
La factura electrónica en Eslovaquia es una realidad desde que en abril de 2019 se presentó en el Parlamento un proyecto de Ley Núm. 215/2019 Coll sobre la facturación electrónica garantizada y el sistema económico central y la modificación de ciertas leyes, finalmente publicada por el Consejo Nacional de la República Eslovaca el 18 de junio de 2019, que transpone la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. El coordinador principal de esta Ley es el Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca en cooperación con la Oficina de Contratación Pública.
