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Portugal continúa avanzando en la transformación digital del Sector Público. Prueba de ello es que, desde el pasado 1 de enero de 2021, todas las grandes empresas del país (aquellas que cuentan con más de 250 trabajadores) están enviando sus facturas en formato electrónico a las Administraciones Públicas.
Portugal continúa avanzando en la implementación de la factura electrónica en el país. Prueba de ellos es que, a partir del mes de enero de 2021, todas las facturas electrónicas deberán incluir un código QR y un código único de documento (ATCUD).
Cada vez son más las empresas que deciden digitalizar sus procesos internos para conseguir un aumento de la eficiencia y una reducción de costes. Además de la factura electrónica, la creación de un formato electrónico de pedidos que sea fácil de utilizar por todas las partes del negocio a escala global, es uno de los grandes desafíos de la transformación digital.
Desde el pasado mes de abril, la factura electrónica es obligatoria en todas las Administraciones Públicas de los Estados Miembro de la Unión Europea, tal y como establece la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa.
La crisis sanitaria del coronavirus ha dibujado un nuevo panorama en el tejido empresarial español. Tras el frenazo inicial provocado por el virus las empresas españolas están comenzando a impulsar la transformación digital de sus procesos internos. Más allá de la implementación del teletrabajo, las compañías están interesándose por otro tipo de herramientas que les permitan seguir con su actividad comercial desde cualquier lugar y en cualquier momento.
El pasado 18 de abril finalizó el plazo del año de prórroga que la Directiva 2014/55/UE había dispuesto para la total adopción de la factura electrónica en las contrataciones públicas europeas. No obstante, a día de hoy, una parte de las Administraciones Públicas todavía no se ha adaptado a la nueva normativa europea y, previsiblemente, la Comisión Europea impondrá sanciones por incumplimiento.
En Mónaco, el concepto de factura electrónica comenzó a generalizase entre las empresas a partir de la modificación de la Ordenanza 4.199, del 20 de febrero de 2013, relativa al IVA, que reconoce a la e-factura como “cualquier documento probatorio de prestación de bienes y/o servicios que se emite en formato electrónico”.
La crisis sanitaria del Coronavirus está impulsando el uso de las nuevas tecnologías entre las empresas y los ciudadanos. Se prevé que, en los próximos meses, sean muchas las organizaciones que comiencen a digitalizar sus procesos de gestión para no tener que parar su actividad comercial. En este escenario, la firma digital de documentos se presenta como una herramienta clave para las empresas.
El pasado 18 de abril entró en vigor la Directiva Europea relativa la facturación electrónica (2014/55/UE), mediante la cual se estableció la obligatoriedad, para las administraciones públicas, de recibir y procesar facturas electrónicas en la Unión Europea. Los objetivos principales de esta medida son impulsar la transformación digital y aumentar la eficiencia en las administraciones públicas. Sin embargo, la introducción de esta Directiva conlleva una serie de cambios logísticos, administrativos y legales que no se han producido de forma homogénea en todos los Estados Miembros.
En 2014, la Ley sobre el Impuesto del Valor Agregado se sometió a varias revisiones. Las discusiones duraron varios meses y, uno de los objetivos que se perseguía era introducir la permisión de la factura electrónica. De esta manera, se acordó que, desde marzo de 2015, las empresas de Macedonia tuvieran la posibilidad de utilizar, voluntariamente, facturas electrónicas en sus relaciones comerciales.
