Cada vez son más los países que instan a las empresas que operan en sus territorios a hacer uso de diferentes documentos electrónicos en sus relaciones comerciales. El objetivo principal es optimizar el funcionamiento del tejido empresarial, simplificando las transacciones económicas y reduciendo el fraude fiscal.
En Europa tenemos el ejemplo de la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entre las empresas privadas y las Administraciones Públicas que marca la Directiva 2014/55/UE. No obstante, su implementación ha sido muy diversa en cada uno de los Estados Miembro que conforman la Unión Europea. Esto conlleva a que los formatos utilizados estén muy enfocados en las transacciones económicas realizadas a nivel nacional y no a nivel transfronterizo.
Por este motivo, el pasado 10 de marzo, el Parlamento Europeo dictó una Resolución al Plan de Acción de la Comisión con 25 iniciativas que tienen como objetivo unificar y simplificar los procesos de reporte de facturas y otros documentos fiscales en toda la Unión Europea.
¿Qué recomendaciones hace el Parlamento en materia de facturación electrónica?
El documento remitido por el Parlamento se centra especialmente en reducir la brecha del IVA, simplificando el cumplimiento de las obligaciones del mismo y diseñando para ello un modelo de factura electrónica centralizado que favorezca el comercio internacional.
De forma más concreta, las recomendaciones realizadas por el Parlamento Europeo a la Comisión en relación con la factura electrónica son las siguientes:
- Establecer, a lo largo de 2022, un estándar de factura electrónica común para todos los países de la Unión Europea para, de esta forma, reducir los costes derivados de la existencia de un sistema de facturación fragmentado.
- Utilizar la factura electrónica a nivel general como una herramienta de reporte en tiempo real.
- Estudiar la posibilidad de introducir, de forma gradual, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica a todos los niveles a partir de 2023.
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