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La factura electrónica en Países Bajos es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales desde el 1 de enero de 2017. El gobierno holandés transformó la Directiva Europea sobre la factura electrónica (2014/55/UE) en ley a través de la Ley Nacional de Contratación Pública. En el tomo 115 de dicha Ley se regulan los requisitos necesarios para operar con facturas electrónicas.

A partir del próximo 1 de julio todas las empresas no residentes en Portugal estarán obligadas a utilizar la factura electrónica. Esta decisión forma parte de la estrategia puesta en marcha por la Agencia Tributaria y Aduanera (AT) para impulsar la masificación de la e-factura en el país.

La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.

La estrategia que Luxemburgo pretende seguir a medio y largo plazo, abarcando los años 2023-2024 y 2025-2030 respectivamente, incluye el uso de PEPPOL más allá de la facturación electrónica pura.

En abril de 2014, la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/55/UE supuso la introducción de algunos cambios importantes respecto a la facturación electrónica en la Unión Europea, e Irlanda, como Estado Miembro, no fue una excepción.

A partir del próximo 18 de abril, las Administración Pública de la Unión Europea estarán obligadas a recibir y procesar las facturas electrónicas utilizando, para ello, el formato común europeo. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.

La factura electrónica en Islandia tiene validez legal desde la aprobación de la Regulación Nacional 505/2013, que estipula los requisitos para las facturas electrónicas. A pesar de ello, a día de hoy no existe una legislación que obligue el uso de la factura electrónica B2G, aunque el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una Declaración el 10 de febrero de 2014 en la que recomendaban la factura electrónica en las contrataciones públicas a partir del 1 de enero 2015.

Finlandia fue uno de los países pioneros en la adopción de facturas electrónicas. En 2014, gracias a la Estrategia de gestión financiera de las administraciones públicas (2014-2020)se comenzó a generalizar el uso de la factura electrónica en las contrataciones públicas (ámbito B2G).

El estudio compara el grado de implantación de la factura electrónica en España para el período 2017-2018. A lo largo de este período, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Estonia, al igual que otros muchos países de Europa, ha optado por implementar la factura electrónica obligatoria en las contrataciones públicas del país. Esta decisión está recogida en la modificación de la Ley de Contabilidad que se publicó el 27 de diciembre de 2016 y que establecía que todos los poderes adjudicadores (central, regional y local) debían aceptar y procesar facturas electrónicas a partir del 1 de marzo de 2017.