El impulso de la factura electrónica en España

Con el objetivo de llegar a conseguir uniformidad en los servicios proporcionados a los ciudadanos y mejorar su eficiencia y eficacia, el Gobierno español decidió impulsar el uso de la factura electrónica en el país, a través de un modelo que empujara a todas las Administraciones Públicas hacia la transformación digital.

Así, en diciembre de 2013 se aprobó la Ley 25/2013 del 23 de diciembre que supuso no sólo el impulso del nuevo modelo de facturación electrónica en el tejido empresarial español, sino también la obligatoriedad, a partir del 15 de enero de 2015, para todas las AAPP de recibir y procesar facturas electrónicas con importe superior a 5000€. Y, por consiguiente, dicha obligatoriedad supuso también que los proveedores de la Administración tuvieran que adaptarse al nuevo modelo y enviar sus facturas a través de un formato estructurado, más conocido como Facturae.

Para la puesta en práctica de esta nueva obligatoriedad, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desarrolló un punto común de entrada de facturas, FACe, para todas las unidades de la Administraciones General y para aquellas AAPP que se adhirieran al sistema. Su puesta en marcha supuso una revolución y ha propiciado a que cada año más y más facturas se emitan electrónicamente. De hecho, actualmente FACe es utilizado por unas 8.000 AAPP entre ellas 16 de las 17 Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado para facilitar a sus proveedores la entrega de sus facturas.

Dos años después de comenzar la primera obligatoriedad, el Gobierno español decidió dar un nuevo impulso a la facturación electrónica a través de la aprobación de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP); la cual, establecía, por primera vez, la obligación de facturar electrónicamente entre empresas. De esta forma, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para los proveedores de las Administraciones Públicas deben facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supere los 5000€.

Para ello, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha puesto en marcha el Registro Electrónico Único (también conocido como FACeB2B) para facilitar el intercambio de facturas electrónicas.

Gracias a este impulso, tanto el Sector Público como el Privado se han visto beneficiadas con múltiples ventajas, como la reducción de los costes, tiempos de tramitación y pazos de pago de las facturas, el aumento de la calidad de la información y la mayor disponibilidad de la misma para su análisis, la reducción de la morosidad y el aumento de la eficiencia; lo que ha contribuido a que España se encuentre en la lista de países líderes en administración electrónica, con un índice de desarrollo de gobierno electrónico muy alto.