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En 2014, la Ley sobre el Impuesto del Valor Agregado se sometió a varias revisiones. Las discusiones duraron varios meses y, uno de los objetivos que se perseguía era introducir la permisión de la factura electrónica. De esta manera, se acordó que, desde marzo de 2015, las empresas de Macedonia tuvieran la posibilidad de utilizar, voluntariamente, facturas electrónicas en sus relaciones comerciales.

En Montenegro la facturación electrónica se fomenta de forma voluntaria puesto que en la actualidad no existe ningún marco regulatorio que obligue el uso de la facturación electrónica como tal. 

Desde el 1 de febrero de 2019, todas las empresas del Principado de Andorra que precisen facturar de forma electrónica a las administraciones públicas pueden hacerlo a través del portal web puesto en marcha por el Gobierno. 

En Eslovenia, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entró en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces, es indispensable que tanto las autoridades públicas como sus proveedores envíen y reciban facturas en formato electrónico.

La historia de la factura electrónica B2G en Chipre se remonta al año 2012, cuando el Consejo de ministros aprobó el plan Digital Strategy for Cyprus, que se centra en la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas para lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva.

A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.

En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).

La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas) revisada el 2 de mayo de 2017.

La estrategia que Luxemburgo pretende seguir a medio y largo plazo, abarcando los años 2023-2024 y 2025-2030 respectivamente, incluye el uso de PEPPOL más allá de la facturación electrónica pura.

En abril de 2014, la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/55/UE supuso la introducción de algunos cambios importantes respecto a la facturación electrónica en la Unión Europea, e Irlanda, como Estado Miembro, no fue una excepción.