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2020 será un año clave para el despegue de la factura electrónica en Portugal gracias a la transposición de la Directiva 55/2014/UE sobre la facturación electrónica en Europa. A partir del próximo 18 de abril, tanto las AAPP como las empresas de más de 250 empleados, estarán obligadas, las primeras a recibir y las segundas a emitir, facturas en formato electrónico.

Al igual que ha ocurrido en no pocos países, en los últimos años la adopción de la factura electrónica en Portugal ha sufrido numerosos altibajos y varios aplazamientos normativos. Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, el Gobierno publicó el Decreto-Lei nº 123/2018, donde se establecía la obligatoriedad de la facturación electrónica en el ámbito B2G en el país.

La Jornada de la Factura Electrónica (Journée de la Facture Electronique), en la que SERES estuvo presente el pasado 16 de enero, fue el escenario de presentación de las últimas tendencias en facturación electrónica.

En Montenegro la facturación electrónica se fomenta de forma voluntaria puesto que en la actualidad no existe ningún marco regulatorio que obligue el uso de la facturación electrónica como tal. A pesar de no existir una obligación explícita, la Ley del IVA de Montenegro permite a todos los contribuyentes enviar y recibir facturas en forma "no material"; siempre y cuando exista una aprobación previa de la autoridad fiscal.

Igualmente, toda la factura electrónica que se emita en Montenegro requiere de integridad, autenticidad, disponibilidad y legibilidad. Para ello, y mediante la aplicación de varias Leyes, la República de Montenegro ha determinado que es necesario que las e-facturas contengan una firma electrónica para que tengan validez legal.

La factura electrónica en Bulgaria todavía está en proceso de masificación puesto que sólo es de uso obligatorio en las Administraciones Publicas.

En este sentido, Bulgaria ha adaptado la normativa europea en cuestión de facturación electrónica en las contrataciones públicas transponiendo la Directiva 2014/55/​​UE. Así, las enmiendas a la Ley de Contratación Pública búlgara establecen el uso obligatorio de la e-factura en los contratos con la administración pública siempre que su contenido cumpla con los requisitos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las Directivas europeas.

Desde el pasado 18 de abril de 2019, todas las Autoridades Públicas dependientes del Gobierno central húngaro están obligadas a recibir facturas en formato electrónico, tal y como quedó establecido en la enmienda al Acta CXLIII de 2015 sobre la contratación Pública en Hungría, que transpone la Directiva Europea 2014/55/UE sobre la facturación electrónica en Europa. Dicha enmienda introdujo la obligación de recibir y procesar facturas electrónicas en el formato XML.

Desde el 1 de febrero de 2019, todas las empresas del Principado de Andorra que precisen facturar de forma electrónica a las administraciones públicas pueden hacerlo a través del portal web puesto en marcha por el Gobierno. El Departamento de Sistemas de Información ha sido el encargado de lanzar este nuevo proyecto que acerca a Andorra al sistema de facturación de los Estados miembros de la Unión Europea.

Al igual que han hecho muchos otros países, Turquía ha establecido la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para empresas que desarrollan su actividad comercial en el sector de los hidrocarburos o para aquellas que comercializan productos sujetos a impuestos especiales, como son el tabaco, el alcohol o las bebidas ligeras.

En Eslovenia, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entró en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces, es indispensable que tanto las autoridades públicas como sus proveedores envíen y reciban facturas en formato electrónico.

La historia de la factura electrónica B2G en Chipre se remonta al año 2012, cuando el Consejo de ministros aprobó el plan Digital Strategy for Cyprus, que se centra en la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas para lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva.

Esta estrategia, cuyo período de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020 tenía como puntos clave la adopción de la factura electrónica. Para ello, el gobierno designó al Ministerio de Finanzas y al Tesoro de la República, como organismos encargados de la implantación de la e-factura en el país.

A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.