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La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.
La factura electrónica en Países Bajos es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales desde el 1 de enero de 2017. El gobierno holandés transformó la Directiva Europea sobre la factura electrónica (2014/55/UE) en ley a través de la Ley Nacional de Contratación Pública. En el tomo 115 de dicha Ley se regulan los requisitos necesarios para operar con facturas electrónicas.
A partir del próximo 1 de julio todas las empresas no residentes en Portugal estarán obligadas a utilizar la factura electrónica. Esta decisión forma parte de la estrategia puesta en marcha por la Agencia Tributaria y Aduanera (AT) para impulsar la masificación de la e-factura en el país.
La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.
Al igual que ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea, en Luxemburgo ya es obligatoria la facturación electrónica en las contrataciones públicas. Es decir, en la relación B2G. Más concretamente, en 2018 se presentó en el parlamento de Luxemburgo la Ley 7271 en relación a la regulación de la facturación electrónica que, en un principio, quedó pendiente de aprobación debido a los cambios de gobierno que se dieron entre finales de 2018 y principios de 2019.
Al igual que ha ocurrido en otros países de Europa, la factura electrónica en Letonia es una modalidad que lleva funcionando de forma voluntaria en el país desde hace años. A pesar de ello, no existe ninguna normativa nacional que obligue su uso ni regule su formato y forma de emisión o recepción. Únicamente hay alguna mención a la facturación electrónica en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 8, que permite el uso de la facturación electrónica en Letonia si la autenticidad del origen está garantizada por una firma electrónica.
En abril de 2014, la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/55/UE supuso la introducción de algunos cambios importantes respecto a la facturación electrónica en la Unión Europea, e Irlanda, como Estado Miembro, no fue una excepción.
A partir del próximo 18 de abril, las Administración Pública de la Unión Europea estarán obligadas a recibir y procesar las facturas electrónicas utilizando, para ello, el formato común europeo. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.
La factura electrónica en Islandia tiene validez legal desde la aprobación de la Regulación Nacional 505/2013, que estipula los requisitos para las facturas electrónicas. A pesar de ello, a día de hoy no existe una legislación que obligue el uso de la factura electrónica B2G, aunque el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una Declaración el 10 de febrero de 2014 en la que recomendaban la factura electrónica en las contrataciones públicas a partir del 1 de enero 2015.
El informe de la Comisión Europea, Digital Economy and Society Index 2018, define a Finlandia como la tercera economía digital más avanzada de Europa, sólo tras Dinamarca y Suecia. Finlandia destaca por el buen estado de salud de sus servicios públicos digitales y la integración de tecnologías digitales, según informa ICEX España Exportación e Inversiones.
