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La factura electrónica en Bulgaria todavía está en proceso de masificación puesto que sólo es de uso obligatorio en las Administraciones Publicas.

En este sentido, Bulgaria ha adaptado la normativa europea en cuestión de facturación electrónica en las contrataciones públicas transponiendo la Directiva 2014/55/​​UE. Así, las enmiendas a la Ley de Contratación Pública búlgara establecen el uso obligatorio de la e-factura en los contratos con la administración pública siempre que su contenido cumpla con los requisitos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y las Directivas europeas.

Desde el pasado 18 de abril de 2019, todas las Autoridades Públicas dependientes del Gobierno central húngaro están obligadas a recibir facturas en formato electrónico, tal y como quedó establecido en la enmienda al Acta CXLIII de 2015 sobre la contratación Pública en Hungría, que transpone la Directiva Europea 2014/55/UE sobre la facturación electrónica en Europa. Dicha enmienda introdujo la obligación de recibir y procesar facturas electrónicas en el formato XML.

Desde el 1 de febrero de 2019, todas las empresas del Principado de Andorra que precisen facturar de forma electrónica a las administraciones públicas pueden hacerlo a través del portal web puesto en marcha por el Gobierno. El Departamento de Sistemas de Información ha sido el encargado de lanzar este nuevo proyecto que acerca a Andorra al sistema de facturación de los Estados miembros de la Unión Europea.

Al igual que han hecho muchos otros países, Turquía ha establecido la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para empresas que desarrollan su actividad comercial en el sector de los hidrocarburos o para aquellas que comercializan productos sujetos a impuestos especiales, como son el tabaco, el alcohol o las bebidas ligeras.

En Eslovenia, la obligatoriedad de uso de la factura electrónica entró en vigor el 1 de enero de 2015. Desde entonces, es indispensable que tanto las autoridades públicas como sus proveedores envíen y reciban facturas en formato electrónico.

La historia de la factura electrónica B2G en Chipre se remonta al año 2012, cuando el Consejo de ministros aprobó el plan Digital Strategy for Cyprus, que se centra en la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas para lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva.

Esta estrategia, cuyo período de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020 tenía como puntos clave la adopción de la factura electrónica. Para ello, el gobierno designó al Ministerio de Finanzas y al Tesoro de la República, como organismos encargados de la implantación de la e-factura en el país.

A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.

La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.

La implementación y el éxito de factura electrónica en América es el fruto del esfuerzo de las Administraciones Públicas y Tributarias de los diferentes países del continente, que vieron en la e-factura un elemento clave para el avance y la transformación digital. En la década de los 90, las ideas propuestas en el Consenso de Washington y la influencia del “reinventing government” para la gestión pública, sentaron las bases para el impulso de la factura electrónica.

En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).