Desde el pasado mes de abril, la factura electrónica es obligatoria en todas las Administraciones Públicas de los Estados Miembro de la Unión Europea, tal y como establece la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa.
Las transacciones realizadas con facturas electrónicas en Europa en 2019 superaron los 1.000 millones de euros y, se estima que, en 2027, esta cifra aumente a más de 3.600 millones de euros. Por lo que, gracias a la obligatoriedad de la factura electrónica en el sector público europeo, el valor de las operaciones comerciales con e-facturas casi se cuadruplicaría en menos de 10 años.
Desde hace tiempo, la factura electrónica es un elemento clave dentro de la Agenda Digital Europea y se considera una herramienta tractora y facilitadora de las relaciones comerciales internas entre los distintos países de la Unión Europea. No obstante, la implementación de la misma ha sido muy desigual en los diferentes países que conforman la Unión.
Portugal: nuevo calendario para los proveedores de las Administraciones Públicas
Aunque las Autoridades centrales, regionales y locales, ya deberían de estar listas para recibir facturas electrónicas desde el pasado mes de abril, el gobierno portugués ha establecido un nuevo calendario para la emisión de facturas electrónicas por parte de sus proveedores.
De esta forma, tras la publicación del nuevo Decreto-Lei, se estableció el siguiente calendario:
- Grandes empresas (más de 250 empleados): comenzarán a emitir facturas electrónicas a partir del 31 de diciembre de 2020.
- Pequeñas y Medianas empresas: la fecha de inicio para empezar a facturar de forma electrónica a las Administraciones Públicas es el 30 de junio de 2021.
- Microempresas: emitirán facturas en formato electrónico a partir del 31 de diciembre de 2021.
Grecia
En Grecia, la Directiva 2014/55/UE se ha transpuesto de manera parcial. Por lo tanto, actualmente, los proveedores de las Administraciones públicas griegas están enviando facturas electrónicas de manera voluntaria.
Con la finalidad de facilitar la implementación de la e-factura entre las compañías, la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR) estableció un calendario escalonado con diferentes fechas:
- 1 de octubre de 2020: todas las empresas que sean proveedores de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, deben comenzar a declarar, de forma electrónica, todas las facturas enviadas y recibidas.
- 31 de diciembre de 2020: es la fecha tope que se ha fijado para que todos los obligados presenten un recapitulativo de las facturas enviadas y recibidas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020.
Por lo tanto, a pesar de que la obligatoriedad de envío de facturas se ha pospuesto hasta el 1 de octubre de 2020, las empresas estarán obligadas a reportar toda la facturación perteneciente a 2020 en formato electrónico.
Rumanía, sin plan de implementación de la factura electrónica
Rumanía es el único país de la Unión Europea que todavía no ha transpuesto la Directiva 2014/55/UE. Por lo tanto, tampoco ha establecido ningún plan para la puesta en marcha de la misma.
En el país balcánico existe legislación vigente en relación a la firma electrónica (Ley 455/2001) y al archivo electrónico (Ley 135/2007), no obstante, ninguna de ellas hace referencia o mención al uso de la factura electrónica.
A principios de 2019, las autoridades competentes comenzaron a trabajar en un proyecto que contemplase la adopción de la factura electrónica en el sector público, y en junio de 2019, se presentó un borrador en el Parlamento. No obstante, la propuesta está pendiente de validación desde octubre de 2019 y, por el momento, no se prevén avances al respecto.
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