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Italia ostenta la segunda mayor deuda pública de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia. Además, es también uno de los países de la UE con mayor presión fiscal, por encima del 40%, por estos motivos el plan presupuestario para el 2022 presentado por Italia pretende:
En Italia existen leyes que regulan los documentos electrónicos desde 2005. Estas leyes han ido modificándose a lo largo del tiempo y en función de las necesidades de la Administración Pública y de los usuarios.
En 2014, Italia implementó la obligatoriedad de la factura electrónica en las Administraciones Públicas, con el objetivo de cumplir con la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa. Cuatro años después, en 2018, tras haber comprobado que la e-factura aporta numerosos beneficios a las empresas, el Gobierno italiano decidió masificar el uso de la misma entre todas las empresas del país.
El Gobierno italiano continúa con paso firme con la transformación digital de sus Administraciones Públicas.
En 2014, Italia estableció la obligatoriedad de uso de la factura electrónica ene le entorno B2G, tras la aprobación de la Directiva Europea 2014/55/UE. Desde entonces, tanto las Autoridades Centrales, Regionales y Locales, como sus proveedores envían facturas en formato electrónico a través del Sistema di Interscambio, plataforma establecida por el gobierno italiano. La Agenzia delle Entrate, organismo encargado de la facturación electrónica, estableció FatturaPA como formato obligatorio.
Italia, al igual que hizo en 2016 Inglaterra con el NHS (National Health Service), extiende el pedido electrónico al sistema sanitario obligando a los proveedores del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a gestionar electrónicamente los pedidos mediante la plataforma NSO (Nodo Smistamento Ordini).
El Código Destinatario (Codice Destinatario) es un identificador que contienen las facturas electrónicas italianas para permitir la correcta recepción de las facturas en el servicio de facturación electrónica que tenga cada empresa.
El Consejo de Ministros italiano, a propuesta del Presidente Giuseppe Conte y el Ministro de Economía y Finanzas Giovanni Tria, en consulta con el Ministro de Desarrollo Económico Luigi Di Maio y el Ministro de Infraestructura y Transporte Toninelli Danilo, aprobó el pasado 27 de junio de 2018 un decreto ley que introduce algunas disposiciones urgentes sobre las obligaciones de facturación electrónica en Italia para las empresas del sector petrolero .
La factura electrónica en Italia tuvo su primer impulso con la Ley de Presupuesto de 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), que estableció la emisión, transmisión, almacenamiento y archivo de las facturas emitidas con las autoridades públicas (B2G) en formato electrónico con el objetivo de simplificar el proceso de facturación y registro de operaciones de impuestos.
