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Como otros muchos países de Europa, Austria lleva varios años impulsando la facturación electrónica B2G. Ya en 2012, cuando el Bundesministerium Finanzen austriaco publicó su Ley de consolidación de las TIC, ICTKONG, quedó regulada la e-factura. Asimismo, en la sección 5 de dicha Ley, se estableció la exigencia de uso de la factura electrónica en las contrataciones públicas del país; hecho que incluía a las empresas proveedoras nacionales e internacionales que trabajaran con las autoridades federales del país.

Hungría, al igual que lo hicieron otros países europeos como España ha desarrollado su propio sistema de IVA online.

Desde el 1 de julio de 2018 las empresas húngaras deben reportar a la HU-TA (Autoridad Tributaria Húngara), que forma parte de la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas de Hungría (Nemxeti Adó-és Vámhivatal - NAV), los datos del IVA de las facturas emitidas con más de 100.000 HUF (unos 320€ aproximadamente).

Portugal y su Autoridade Tributária e Aduaneira, AT, llevan años trabajando en implantar la facturación electrónica en el país como parte de su impulso hacia una estrategia de eProcurement. Ya desde 2004, la entrada en vigor del Decreto-Lei n°256/2003, del 21 de octubre de 2003, sentó las bases para la factura electrónica en Portugal; estableciendo las condiciones técnicas de envío, procesamiento, recibo y archivo de la e-factura y, recomendando su uso en las Administraciones Públicas del país,

La implantación de la factura electrónica en Francia ya lleva varios años en proceso. En 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas francés publicó la Ordenanza N.º 2014-697 del 26 de junio de 2014 para el desarrollo de la facturación electrónica y, con él, se estableció que en las contrataciones públicas francesas se debería usar la e-factura. Es decir, que las empresas que facturasen a las administraciones públicas francesas debían emitir facturas electrónicas y que las AAPP francesas debían recibirlas y aceptarlas también electrónicamente.

Hace ya 13 años que Brasil implantó su modelo de factura electrónica NF-e  y es, junto con el de México, el más consolidado del mundo. Todo un ejemplo para aquellos países que pretenden implantar la e-factura con el objetivo de reducir costes, agilizar procesos y mejorar el control fiscal.

El estudio compara el grado de implantación de la factura electrónica en España para el período 2016-2017, contemplando una muestra de 202.565 empresas receptoras de factura electrónica y 12.801 emisoras. A lo largo de este período, el número de facturas electrónicas procesadas en 2017 en España ascendió a 156.656.072 documentos, un 32,19% más que en 2016. Del total, 129.806.396 documentos, un 35,2% más que en 2016, corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 15.970.500, un 25,7% más que en año anterior, a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 10.656.072 a ventas de empresas a particulares (B2C), lo que representa un incremento del 11,13%.

La Autoridad Tributaria de Turquía, TRA,  publicó el pasado 17 de diciembre de 2017 un comunicado sobre digitalización en la Gaceta Oficial n. ° 30273. En dicho comunicado, establece el uso voluntario de la nota de despacho electrónica, los recibos de agricultores y los recibos de servicios profesionales (es decir, médicos, abogados, arquitectos, etc.). 

La Unión Europea ha dado continuidad al Fórum Europeo de Expertos en Factura electrónica (European Multi-Stakeholder Forum on Electronic Invoicing) cuyo objetivo es monitorear, recopilar información y asesorar a la Comisión y al sector en todo lo concerniente a la facturación electrónica. En su “tercera edición” el Foro ha abierto un proceso de selección de sus integrantes, cuya composición máxima es de 70 miembros.

Para el 2019 está prevista la adopción por parte de todos los países de la Unión Europea de un mismo formato de factura electrónica que debe facilitar las transacciones comerciales entre los diferentes países europeos. De hecho, a partir del 18 de abril de 2019 todos los países miembros de la Unión Europea deberán de ser capaces de recibir y procesar las facturas electrónicas, según el estándar europeo (EN 16931), en la relación entre las empresas y los organismos públicos (B2G).