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Si bien es cierto que la factura electrónica lleva poco tiempo en vigor en Uruguay, el avance que ha experimentado en cuanto a su implantación ha sido muy considerable. La Dirección General Impositiva, DGI, vio en el diseño y la creación de un sistema de facturación electrónica el mayor aliado para conseguir combatir la informalidad y la evasión del país, además de generar grandes ahorros para sus contribuyentes. Con ese fin, y tomando como referencias las experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y México, se logró adaptar la e-factura a las necesidades de las empresas uruguayas y reconocer la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos con la publicación de la Ley D.G.I. N.º 18.600/2009.

Al recibir facturas es común identificar tres grupos de perfiles de facturas que nos retrasan, sobrecargan y limitan el tratamiento automático de aprobación y, finalmente, de pago. Generalmente todas ellas tienen un denominador común: han venido en formato papel. Analicemos el trasfondo y veamos cómo podemos minimizar su impacto o, incluso, eliminarlas.

Para el 2019 está prevista la adopción por parte de todos los países de la Unión Europea de un mismo formato de factura electrónica que debe facilitar las transacciones comerciales entre los diferentes países europeos. De hecho, a partir del 18 de abril de 2019 todos los países miembros de la Unión Europea deberán de ser capaces de recibir y procesar las facturas electrónicas, según el estándar europeo (EN 16931), en la relación entre las empresas y los organismos públicos (B2G).

Chile fue uno de los primeros países en implantar lafactura electrónica en Latinoamérica. En el año 2001,el Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó el régimen de factura electrónica en el país.

La factura electrónica ha experimentado un tremendo boom en Latinoamérica en las últimas décadas en cuanto a su implantación y difusión entre los contribuyentes y, Argentina, no se ha quedado atrás en esta evolución. La Administración Federal de Impuestos Públicos, AFIP, lleva quince años publicando una serie de resoluciones generales para el desarrollo de su modelo de facturación en el que, en la actualidad, casi la totalidad de los contribuyentes del país intercambian sus facturas de forma electrónica.

El estudio de la factura electrónica abarca los seis primeros meses de 2016 y contempla una muestra de 174.604 empresas receptoras de factura electrónica y 11.034 emisoras.  En total, el volumen total de facturas electrónicas ascendió a 118.505.258 documentos; lo que representa una variación anual de más del 25,87%, con un ahorro estimado de 919 millones de euros y de 500.000 horas de trabajo equivalente de una persona, al eliminar el manipulado de los documentos en papel y los gastos de impresión, ensobrado y franqueo.