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A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.
A diferencia de lo que ocurre en otros continentes, como Europa o América, el uso de la factura electrónica en África es prácticamente inexistente. A pesar de que en la mayor parte de países africanos la factura electrónica está permitida, e incluso se encuentra legislada, los gobiernos no apuestan por la implementación de la misma. Las únicas excepciones las encontramos en Túnez y Angola, donde los grandes contribuyentes están obligados a emitir e-factura.
La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.
La implementación y el éxito de factura electrónica en América es el fruto del esfuerzo de las Administraciones Públicas y Tributarias de los diferentes países del continente, que vieron en la e-factura un elemento clave para el avance y la transformación digital. En la década de los 90, las ideas propuestas en el Consenso de Washington y la influencia del “reinventing government” para la gestión pública, sentaron las bases para el impulso de la factura electrónica.
A partir del 7 de agosto, los Principales Contribuyentes, conocidos como PRICOS, tendrán que trabajar con un OSE. Dentro del grupo de los PRICOS se incluye a todas aquellas empresas cuyos ingresos anuales en 2017 hayan sido iguales o superiores a 300 UIT (1 millón 215 mil soles). Según la SUNAT, actualmente en Perú hay 14.000 entidades de este tipo.
En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).
La factura electrónica en Países Bajos es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales desde el 1 de enero de 2017. El gobierno holandés transformó la Directiva Europea sobre la factura electrónica (2014/55/UE) en ley a través de la Ley Nacional de Contratación Pública. En el tomo 115 de dicha Ley se regulan los requisitos necesarios para operar con facturas electrónicas.
A partir del próximo 1 de julio todas las empresas no residentes en Portugal estarán obligadas a utilizar la factura electrónica. Esta decisión forma parte de la estrategia puesta en marcha por la Agencia Tributaria y Aduanera (AT) para impulsar la masificación de la e-factura en el país.
En Asia, el uso de la factura electrónica no está tan masificado como en otros lugares del mundo como Europa o Latinoamérica. Actualmente, la e-factura se encuentra en una etapa incipiente debido a que, en la gran mayoría de países del continente, a pesar de que se puede usar voluntariamente, no existen leyes reguladoras ni tampoco hay estándares establecidos.
La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.
