SERES Blog

El esquema de Facturación Electrónica en Línea, FEL, desarrollado por el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria y publicado por en el Acuerdo de Directorio Número 13-2018 del 2 de mayo de 2018 ya es de uso obligatorio en todas las contrataciones pública de Guatemala. Así ha quedado registrado con la publicación de la Resolución SAT-DSI-243-2019 el pasado 11 de marzo de 2019. 

Finlandia fue uno de los países pioneros en la adopción de facturas electrónicas. En 2014, gracias a la Estrategia de gestión financiera de las administraciones públicas (2014-2020)se comenzó a generalizar el uso de la factura electrónica en las contrataciones públicas (ámbito B2G).

El estudio compara el grado de implantación de la factura electrónica en España para el período 2017-2018. A lo largo de este período, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.

La AFIP lleva años trabajando en la masificación en la emisión de comprobantes electrónicos. Ya en 2002 la factura electrónica entró en vigor y, en 2007, se inició el cronograma de obligados a emitir e-facturas y comprobantes de pago electrónicos.

Estonia, al igual que otros muchos países de Europa, ha optado por implementar la factura electrónica obligatoria en las contrataciones públicas del país. Esta decisión está recogida en la modificación de la Ley de Contabilidad que se publicó el 27 de diciembre de 2016 y que establecía que todos los poderes adjudicadores (central, regional y local) debían aceptar y procesar facturas electrónicas a partir del 1 de marzo de 2017.

La factura electrónica en Latinoamérica comenzó a utilizarse en los años 90 y, con el nuevo siglo, su implementación se aceleró significativamente. El primer modelo de facturación electrónica fue liderado por Chile en 2003 con la idea de aumentar la competitividad y eficiencia del mercado, mejorar los procesos de cumplimiento, administración, recaudación y supervisión y mejorar el control tributario.

A pesar de la ya veterana legislación contra la morosidad, y de la mejora del periodo de pago de la administración pública gracias a la factura electrónica, España sigue siendo un país de pagadores perezosos. Según Cepyme y Euler Hermes, cobramos de media a 80 días, sólo mejor que en China, Italia, Grecia y Turquía. El 70% de la deuda comercial que emitimos entra en mora, siquiera unos días, el retraso medio pago registrado para España.

En los últimos meses, la factura electrónica se ha reactivado en Ecuador gracias a los nuevos grupos de obligados que continúan impulsando la factura electrónica y la transformación digital del país.