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En la época en la que la caravana de Bienvenido Mister Marshall cruzaba sin detenerse delante de las narices de los decepcionados vecinos de Villar del Río, llevándose la ansiada lluvia de millones  que aliviaría sus penurias. Esas mismas que Antonio Molina cantaba de una España  que, a falta de recursos exteriores, aguzaba el ingenio y se pasaba la semana con “agua y bicarbonato”. Hacer más con menos, pues no siempre están disponibles los recursos ajenos. Nada diferente al día a día empresarial.

La factura electrónica es, actualmente, una herramienta esencial en todo proceso de digitalización de las empresas. Y, como es normal, la diversidad de formatos utilizados ha generado cierta incertidumbre acerca de la interoperabilidad entre los mismos.

Hace ya años, cuando alguien moría y no se sabía de qué, se recurría invariablemente a la misma explicación. ¡Pobre, ha muerto de cólico miserere!

La Agenda Digital europea lleva años potenciando la factura electrónica como un elemento tecnológico prioritario dentro del mercado común por ser considerada una herramienta tractora y facilitadora de las relaciones internas entre los distintos países.

Como otros muchos países de Europa, Austria lleva varios años impulsando la facturación electrónica B2G. Ya en 2012, cuando el Bundesministerium Finanzen austriaco publicó su Ley de consolidación de las TIC, ICTKONG, quedó regulada la e-factura.

Hungría, al igual que lo hicieron otros países europeos como España ha desarrollado su propio sistema de IVA online.

A partir del 1 de enero de 2019, todas las empresas colombianas obligadas a facturar, deben remplazar sus facturas de papel por facturas electrónicas.

Portugal y su Autoridade Tributária e Aduaneira, AT, llevan años trabajando en implantar la facturación electrónica en el país como parte de su impulso hacia una estrategia de eProcurement.

La implantación de la factura electrónica en Francia ya lleva varios años en proceso. En 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas francés publicó la Ordenanza N.º 2014-697 del 26 de junio de 2014 para el desarrollo de la facturación electrónica y, con él, se estableció que en las contrataciones públicas francesas se debería usar la e-factura.