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A partir del próximo 18 de abril, las Administración Pública de la Unión Europea estarán obligadas a recibir y procesar las facturas electrónicas utilizando, para ello, el formato común europeo. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.

Guadalupe, la Guayana Francesa y Martinica son territorios de ultramar en América que forman parte de Francia desde 1946. Estos territorios, comparten las políticas administrativas y fiscales con el resto de Francia; por lo que la factura electrónica es obligatoria en las contrataciones públicas desde 2017.

La aprobación modelo de facturación electrónica de Colombia, establecido en el Decreto 2242 de 2015, y los trabajos para la implementación de la e-factura de la DIAN han dado resultado. La DIAN publicó en la Resolución 000020 del pasado 26 de marzo el nuevo calendario para la adopción obligatoria de la factura electrónica.

El calendario afecta a 18 nuevos grupos de contribuyentes, que deberán incorporarse al nuevo sistema entre 1 de mayo de 2019 y el 4 de mayo 2020, de acuerdo con las fechas límite establecidas para cada grupo.

La factura electrónica en Islandia tiene validez legal desde la aprobación de la Regulación Nacional 505/2013, que estipula los requisitos para las facturas electrónicas. A pesar de ello, a día de hoy no existe una legislación que obligue el uso de la factura electrónica B2G, aunque el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una Declaración el 10 de febrero de 2014 en la que recomendaban la factura electrónica en las contrataciones públicas a partir del 1 de enero 2015.

La falta de liquidez es un problema que puede llegar al punto de obligar a “echar la persiana” en empresas, por lo demás, totalmente sólidas y viables. Por desgracia, realizar el trabajo eficazmente, con la inversión de esfuerzos y recursos que supone, no es suficiente. Ya sea por razones que pueden escapar del control de la empresa (como la insolvencia de los clientes) o no (como enviar una factura con contenido erróneo o a la persona inadecuada), no cobrar a tiempo es una de las causas más comunes que minan la liquidez empresarial: hasta el 90% de empresas afirma tener este problema.

Cada día, con mayor intensidad, las empresas notan sobre su cabeza la sombra que les obliga a estar en continua alerta ante los frecuentes cambios del mercado o de las normativas. La actualización de procesos, ya sean de negocio o de gestión interna, pierde resistencia puesto que las empresas no se pueden permitir cerrar la puerta a innovaciones tecnológicas o a requisitos legales.

El esquema de Facturación Electrónica en Línea, FEL, desarrollado por el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria y publicado por en el Acuerdo de Directorio Número 13-2018 del 2 de mayo de 2018 ya es de uso obligatorio en todas las contrataciones pública de Guatemala. Así ha quedado registrado con la publicación de la Resolución SAT-DSI-243-2019 el pasado 11 de marzo de 2019. 

Finlandia fue uno de los países pioneros en la adopción de facturas electrónicas. En 2014, gracias a la Estrategia de gestión financiera de las administraciones públicas (2014-2020)se comenzó a generalizar el uso de la factura electrónica en las contrataciones públicas (ámbito B2G).

El estudio compara el grado de implantación de la factura electrónica en España para el período 2017-2018. A lo largo de este período, el número de facturas electrónicas procesadas en 2018 en España ascendió a 181.884.086 documentos, un 14,92% más que en 2017. Del total, 147.953.331 documentos corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 22.292.891 a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 11.637.864 a ventas de empresas a particulares (B2C).

Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.