Austria fue uno de los primeros países europeos en implantar la factura electrónica en el ámbito de la contratación pública y continúa siendo un referente en interoperabilidad y digitalización administrativa.
Hungría, al igual que lo hicieron otros países europeos como España ha desarrollado su propio sistema de IVA online.
Con el objetivo de llegar a conseguir uniformidad en los servicios proporcionados a los ciudadanos y mejorar su eficiencia y eficacia, el Gobierno español decidió impulsar el uso de la factura electrónica en el país, a través de un modelo que empujara a todas las Administraciones Públicas hacia la transformación digital.
A partir del 1 de enero de 2019, todas las empresas colombianas obligadas a facturar, deben remplazar sus facturas de papel por facturas electrónicas.
Portugal y su Autoridade Tributária e Aduaneira, AT, llevan años trabajando en implantar la facturación electrónica en el país como parte de su impulso hacia una estrategia de eProcurement.
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La implantación de la factura electrónica en Francia ya lleva varios años en proceso. En 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas francés publicó la Ordenanza N.º 2014-697 del 26 de junio de 2014 para el desarrollo de la facturación electrónica y, con él, se estableció que en las contrataciones públicas francesas se debería usar la e-factura.
El seguimiento de las facturas en la fases previas al vencimiento mejora los plazos de cobro. No se trata de una teoría, sino de una realidad que se demuestra cada día.
Cobrar una factura fuera de plazo no solo retrasa la entrada de efectivo. También afecta a la planificación financiera, incrementa la carga administrativa y puede limitar la capacidad de inversión de una empresa.
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Brasil se ha consolidado como uno de los países líderes en facturación electrónica, junto con México. Su sistema NF-e permite reducir costes, agilizar procesos y mejorar el control fiscal, y sigue evolucionando con novedades importantes para 2026.
La factura electrónica en Panamá tuvo su primera aparición en diciembre de 2016, con la creación de un Comité Ejecutivo presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, con el fin de establecer un modelo de facturación ajustado al contexto socio-económico del país que mejorara la fiscalización del pago de impuestos y modernizara las operaciones de las empresas, generando una mayor eficiencia.
