De acuerdo con las últimas resoluciones publicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT), 20.500 nuevos contribuyentes deberán adoptar obligatoriamente la factura electrónica antes del 31 de diciembre de 2020.
Cada vez son más las empresas colombianas que adoptan y hacen uso de la factura electrónica. Según los últimos datos facilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el mes de septiembre finalizó con 291.930 obligados registrados.
La liquidez es el combustible de las empresas, sin liquidez los negocios no funcionan. Este es uno de los principales problemas a los que tendrán que hacer frente millones de empresas en los próximos meses, puesto que, según un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), casi 3 millones de compañías pueden desaparecer en el continente latinoamericano por causa del coronavirus.
Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.
La masificación de la factura electrónica en Colombia continúa avanzando con paso firme. Según las últimas cifras facilitadas por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), el 49,3% de los 360.000 obligados ya están habilitados como facturadores electrónicos.
A partir de hoy comienza la obligatoriedad de operar con factura electrónica para más de 70.000 empresas peruanas, tal y como establece la Resolución de Superintendencia 098-2020/SUNAT, publicada el pasado 29 de mayo. En un principio, dichas compañías deberían haber comenzado a usar factura electrónica el pasado 30 de mayo, no obstante, la obligatoriedad fue pospuesta por causa de la pandemia.
A pesar de que, en los últimos meses se han pospuesto multitud de obligaciones tributarias, los gobiernos de diferentes países, conscientes de los grandes beneficios que la administración electrónica aporta tanto al sector público como a las empresas privadas, han decidido seguir adelante con la puesta en marcha de muchas otras iniciativas.
El pasado 29 de mayo se publicó la Resolución de Superintendencia 098-2020/SUNAT, mediante la cual se aplazaba la obligatoriedad de facturar electrónicamente para varios grupos de empresas. Debido a que en aquel momento el país se encontraba en plena pandemia, las autoridades decidieron cambiar las fechas del calendario que se había establecido en un primer momento.
El 4 de agosto comenzó la obligatoriedad de facturar electrónicamente para el tercer grupo dispuesto en la Resolución 000042, de 5 de mayo. Dentro de este grupo destacan las empresas del sector sanitario, para las que la implementación de la factura electrónica supondrá un gran cambio en su gestión interna, aportando innumerables beneficios.
Se estima que, en 2019, el Periodo Medio de Pago de las empresas colombianas a sus proveedores se situó en 64 días, 12,2 días más del periodo de pago pactado, situado en 51,8 días. Se prevé que, con la llegada de la obligatoriedad de la factura electrónica, estos periodos se reduzcan de forma considerable.
