La crisis generada por el coronavirus provocó, a principios de año, un parón empresarial a nivel mundial. El impacto económico se ha notado en todos los sectores y todo apunta a que también afectará al mundo del Intercambio Electrónico de Documentos (EDI). No obstante, al igual que sucede con la facturación electrónica, el panorama para este sector no es tan desalentador.
Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.
En los últimos meses, por causa del confinamiento, la digitalización de procesos ha cobrado una gran importancia. Si bien es cierto que antes de la pandemia cada vez eran más las empresas que decidían incorporar las nuevas tecnologías en sus procesos de negocio, con el confinamiento, la transformación digital de las compañías es clave para poder continuar con la actividad comercial, y la firma digital se presenta como una gran aliada.
La masificación de la factura electrónica en Colombia continúa avanzando con paso firme. Según las últimas cifras facilitadas por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), el 49,3% de los 360.000 obligados ya están habilitados como facturadores electrónicos.
A partir de hoy comienza la obligatoriedad de operar con factura electrónica para más de 70.000 empresas peruanas, tal y como establece la Resolución de Superintendencia 098-2020/SUNAT, publicada el pasado 29 de mayo. En un principio, dichas compañías deberían haber comenzado a usar factura electrónica el pasado 30 de mayo, no obstante, la obligatoriedad fue pospuesta por causa de la pandemia.
A pesar de que, en los últimos meses se han pospuesto multitud de obligaciones tributarias, los gobiernos de diferentes países, conscientes de los grandes beneficios que la administración electrónica aporta tanto al sector público como a las empresas privadas, han decidido seguir adelante con la puesta en marcha de muchas otras iniciativas.
El pasado 29 de mayo se publicó la Resolución de Superintendencia 098-2020/SUNAT, mediante la cual se aplazaba la obligatoriedad de facturar electrónicamente para varios grupos de empresas. Debido a que en aquel momento el país se encontraba en plena pandemia, las autoridades decidieron cambiar las fechas del calendario que se había establecido en un primer momento.
El 4 de agosto comenzó la obligatoriedad de facturar electrónicamente para el tercer grupo dispuesto en la Resolución 000042, de 5 de mayo. Dentro de este grupo destacan las empresas del sector sanitario, para las que la implementación de la factura electrónica supondrá un gran cambio en su gestión interna, aportando innumerables beneficios.
Se estima que, en 2019, el Periodo Medio de Pago de las empresas colombianas a sus proveedores se situó en 64 días, 12,2 días más del periodo de pago pactado, situado en 51,8 días. Se prevé que, con la llegada de la obligatoriedad de la factura electrónica, estos periodos se reduzcan de forma considerable.
La transformación digital de las empresas se ha convertido en un concepto clave desde que comenzó la pandemia. Debido al confinamiento, muchas compañías han tenido que digitalizar y automatizar sus procesos a pasos agigantados para poder subsistir. La factura electrónica, un instrumento de sobra conocido entre las empresas peruanas, ha ayudado, en gran medida, a continuar con la actividad comercial.
