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A partir del 1 de enero de 2019 las empresas colombianas responsables de pagar y declarar IVA deberán implantar la facturación electrónica según el modelo establecido por el Decreto 2242 de la DIAN. Es por eso que este 2018 será el año de la consolidación y aceptación de este nuevo modelo de facturación, ya que, según los datos obtenidos en el primer estudio sobre facturación electrónica en Colombia, a la fecha solo el 3% de las empresas del país han iniciado el proceso.

Si bien es cierto que la factura electrónica lleva poco tiempo en vigor en Uruguay, el avance que ha experimentado en cuanto a su implantación ha sido muy considerable. La Dirección General Impositiva, DGI, vio en el diseño y la creación de un sistema de facturación electrónica el mayor aliado para conseguir combatir la informalidad y la evasión del país, además de generar grandes ahorros para sus contribuyentes. Con ese fin, y tomando como referencias las experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y México, se logró adaptar la e-factura a las necesidades de las empresas uruguayas y reconocer la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos con la publicación de la Ley D.G.I. N.º 18.600/2009.

Chile fue pionero en implantar la factura electrónica en Latinoamérica. De hecho, esta nueva forma de facturación por medios electrónicos entró en vigencia en el país hace 14 años, cuando el Servicio de Impuestos Internos, SII, definió el formato y los estándares del sistema.

Como ya lo veníamos avisando, la factura electrónica ya llega a Costa Rica. Si el pasado 7 de octubre del 2016 la Administración Tributaria costarricense mediante Resolución DGT-R-48-2016 autorizó el uso de la e-factura y los comprobantes electrónicos asociados en el país, el aviso publicado en La Gaceta N°178 este 20 de setiembre de 2017 comunica el calendario con las fechas de inicio del uso de los comprobantes electrónicos obligatorios por sectores.

La factura electrónica ha experimentado un tremendo boom en Latinoamérica en las últimas décadas en cuanto a su implantación y difusión entre los contribuyentes y, Argentina, no se ha quedado atrás en esta evolución. La Administración Federal de Impuestos Públicos, AFIP, lleva quince años publicando una serie de resoluciones generales para el desarrollo de su modelo de facturación en el que, en la actualidad, casi la totalidad de los contribuyentes del país intercambian sus facturas de forma electrónica.

Con más de 2.208.347.950 comprobantes electrónicos emitidos hasta finales de septiembre, Perú confirma su decidida apuesta por la factura electrónica, iniciada en el 2000 y obligatoria desde 2014. Actualmente son 189.888 los emisores electrónicos autorizados por la SUNAT; de los cuales, unos 23.000 contribuyentes están obligados por ley.

Como si de la escalada de una montaña se tratara, el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador lleva varios años intentado lograr que los contribuyentes ecuatorianos renuncien al uso de la factura en papel y la cambien por la factura electrónica.

En Guatemala, la facturación electrónica empezó a implantarse a partir del año 2007, como respuesta a los grandes desafíos generados por la globalización del comercio y los avances tecnológicos. La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, vio en esta nueva forma de facturación la mejor herramienta hacia la modernización tecnológica, la automatización de los procedimientos tributarios, la reducción de los costos y el aumento de la transparencia fiscal sobre las operaciones comerciales en el país. Así, los esfuerzos del Gobierno guatemalteco dieron lugar a la publicación del Acuerdo de Directorio Número 024-2007 y, con ello, a la creación del esquema FACE para la facturación electrónica de Guatemala.

Como si del Yin y el Yang se tratara, la factura electrónica y la factura en papel llevan conviviendo en Colombia desde hace más de dos décadas. Aunque, en 1989, con el Decreto 624 ya se nombró la e-factura en Colombia, no fue hasta 1995 cuando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la Ley 223, la equiparó como documento de venta a la factura tradicional en papel y, un año después, con el Decreto 1165 de 1996 nace el concepto de la factura por computador.

Al igual que en otros países de la región latinoamericana, Perú, dentro de su plan de acción para facilitar el comercio exterior, decidió en 2009 introducir la factura electrónica en el país. Esta decisión, que vino impulsada por los planes de integración de los países que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desembocó en todo un maratón hacia la obligatoriedad de la factura electrónica en el que tanto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como las empresas peruanas han participado.