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Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.

A partir de hoy comienza la obligatoriedad de operar con factura electrónica para más de 70.000 empresas peruanas, tal y como establece la Resolución de Superintendencia 098-2020/SUNAT, publicada el pasado 29 de mayo. En un principio, dichas compañías deberían haber comenzado a usar factura electrónica el pasado 30 de mayo, no obstante, la obligatoriedad fue pospuesta por causa de la pandemia.

A pesar de que, en los últimos meses se han pospuesto multitud de obligaciones tributarias, los gobiernos de diferentes países, conscientes de los grandes beneficios que la administración electrónica aporta tanto al sector público como a las empresas privadas, han decidido seguir adelante con la puesta en marcha de muchas otras iniciativas.

El 4 de agosto comenzó la obligatoriedad de facturar electrónicamente para el tercer grupo dispuesto en la Resolución 000042, de 5 de mayo. Dentro de este grupo destacan las empresas del sector sanitario, para las que la implementación de la factura electrónica supondrá un gran cambio en su gestión interna, aportando innumerables beneficios.

La transformación digital de las empresas se ha convertido en un concepto clave desde que comenzó la pandemia. Debido al confinamiento, muchas compañías han tenido que digitalizar y automatizar sus procesos a pasos agigantados para poder subsistir. La factura electrónica, un instrumento de sobra conocido entre las empresas peruanas, ha ayudado, en gran medida, a continuar con la actividad comercial.

En los últimos años, en Estados Unidos, se ha despertado un creciente interés por la factura electrónica. No obstante, las autoridades se han encontrado numerosos contratiempos a la hora de intentar implementarla. Después de varios años estudiando un modelo de implantación de la factura electrónica en el país, el gobierno se ha dado cuenta de que el principal problema para su puesta en marcha reside en la falta de consenso para estandarizar un formato.

El pasado 15 de junio comenzó la obligatoriedad de la factura electrónica en Colombia y, hasta el momento, son dos los grupos de obligados que ya están cumpliendo con lo establecido en la Resolución 000042, de 5 de mayo.

Con la publicación de la Resolución 00042, de 5 de mayo de 2020, la DIAN ha establecido un nuevo calendario para la masificación de la factura electrónica en Colombia.

A pesar de que los países de Latinoamérica son líderes mundiales en cuanto a la utilización de la factura electrónica, todavía encontramos en el continente algunos Estados que no han comenzado el proceso de adaptación hacia la e-factura.  Este sería el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.