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A partir del próximo 18 de abril, las Administración Pública de la Unión Europea estarán obligadas a recibir y procesar las facturas electrónicas utilizando, para ello, el formato común europeo. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.

Guadalupe, la Guayana Francesa y Martinica son territorios de ultramar en América que forman parte de Francia desde 1946. Estos territorios, comparten las políticas administrativas y fiscales con el resto de Francia; por lo que la factura electrónica es obligatoria en las contrataciones públicas desde 2017.

El Blockchain tiene muchísimas aplicaciones. Una de ellas es la implementación de la tecnología Blockchain para aportar transparencia y seguridad en las relaciones entre una franquicia y sus franquiciados.

La aprobación modelo de facturación electrónica de Colombia, establecido en el Decreto 2242 de 2015, y los trabajos para la implementación de la e-factura de la DIAN han dado resultado. La DIAN publicó en la Resolución 000020 del pasado 26 de marzo el nuevo calendario para la adopción obligatoria de la factura electrónica.

El calendario afecta a 18 nuevos grupos de contribuyentes, que deberán incorporarse al nuevo sistema entre 1 de mayo de 2019 y el 4 de mayo 2020, de acuerdo con las fechas límite establecidas para cada grupo.

La factura electrónica en Islandia tiene validez legal desde la aprobación de la Regulación Nacional 505/2013, que estipula los requisitos para las facturas electrónicas. A pesar de ello, a día de hoy no existe una legislación que obligue el uso de la factura electrónica B2G, aunque el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una Declaración el 10 de febrero de 2014 en la que recomendaban la factura electrónica en las contrataciones públicas a partir del 1 de enero 2015.

La falta de liquidez es un problema que puede llegar al punto de obligar a “echar la persiana” en empresas, por lo demás, totalmente sólidas y viables. Por desgracia, realizar el trabajo eficazmente, con la inversión de esfuerzos y recursos que supone, no es suficiente. Ya sea por razones que pueden escapar del control de la empresa (como la insolvencia de los clientes) o no (como enviar una factura con contenido erróneo o a la persona inadecuada), no cobrar a tiempo es una de las causas más comunes que minan la liquidez empresarial: hasta el 90% de empresas afirma tener este problema.

El tamaño de la empresa influye en la decisión de comenzar a utilizar el intercambio electrónico de documentos. Una empresa grande que en su día a día intercambia un gran volumen de documentos con múltiples empresas, sectores y países puede verse muy beneficiada al implementar el EDI. La trazabilidad y la conexión que aporta el trabajar con un servicio EDI permiten a las empresas beneficiarse de una mayor agilidad y eficiencia en sus departamentos, ampliando la capacidad de respuesta de la empresa y reduciendo los costes y tiempos empleados. Esto genera una fuente muy valiosa de información para la toma de decisiones empresariales.

Cada día, con mayor intensidad, las empresas notan sobre su cabeza la sombra que les obliga a estar en continua alerta ante los frecuentes cambios del mercado o de las normativas. La actualización de procesos, ya sean de negocio o de gestión interna, pierde resistencia puesto que las empresas no se pueden permitir cerrar la puerta a innovaciones tecnológicas o a requisitos legales.

El Intercambio Electrónico de Datos se está convirtiendo en una solución esencial para las empresas debido a que genera gran cantidad de beneficios, mejora la competitividad y potencia la eficiencia de los negocios.

El esquema de Facturación Electrónica en Línea, FEL, desarrollado por el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria y publicado por en el Acuerdo de Directorio Número 13-2018 del 2 de mayo de 2018 ya es de uso obligatorio en todas las contrataciones pública de Guatemala. Así ha quedado registrado con la publicación de la Resolución SAT-DSI-243-2019 el pasado 11 de marzo de 2019.