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La historia de la factura electrónica B2G en Chipre se remonta al año 2012, cuando el Consejo de ministros aprobó el plan Digital Strategy for Cyprus, que se centra en la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas para lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva.

Esta estrategia, cuyo período de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020 tenía como puntos clave la adopción de la factura electrónica. Para ello, el gobierno designó al Ministerio de Finanzas y al Tesoro de la República, como organismos encargados de la implantación de la e-factura en el país.

A pesar de que la factura electrónica no es obligatoria en Moldavia, desde hace varios años, el gobierno está impulsando su uso tanto en el sector público como en la empresa privada. En 2010, las autoridades moldavas lanzaron el proyecto e-Government, destinado a implementar las nuevas tecnologías en el ámbito de la gobernanza.

A diferencia de lo que ocurre en otros continentes, como Europa o América, el uso de la factura electrónica en África es prácticamente inexistente. A pesar de que en la mayor parte de países africanos la factura electrónica está permitida, e incluso se encuentra legislada, los gobiernos no apuestan por la implementación de la misma. Las únicas excepciones las encontramos en Túnez y Angola, donde los grandes contribuyentes están obligados a emitir e-factura.

La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.

A partir del 7 de agosto, los Principales Contribuyentes, conocidos como PRICOS, tendrán que trabajar con un OSE. Dentro del grupo de los PRICOS se incluye a todas aquellas empresas cuyos ingresos anuales en 2017 hayan sido iguales o superiores a 300 UIT (1 millón 215 mil soles). Según la SUNAT, actualmente en Perú hay 14.000 entidades de este tipo.