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La gran conquista de la factura electrónica en Colombia

Como si del Yin y el Yang se tratara, la factura electrónica y la factura en papel llevan conviviendo en Colombia desde hace más de dos décadas. Aunque, en 1989, con el Decreto 624 ya se nombró la e-factura en Colombia, no fue hasta 1995 cuando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la Ley 223, la equiparó como documento de venta a la factura tradicional en papel y, un año después, con el Decreto 1165 de 1996 nace el concepto de la factura por computador.

La DIAN habilita las primeras empresas para facturar electrónicamente

No le puede sonar extraño, ¡se lo advertimos! La DIAN ha dado el pistoletazo de salida hacia el Impulso y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia. Así nos lo ha comunicado recientemente.

Las primeras resoluciones con empresas habilitadas a utilizar la facturación electrónica en Colombia incluyen cerca de 20 empresas de las cuales, la mayoría, ya estaban en conversaciones con la DIAN para beneficiarse de esta tecnología.

Según la DIAN, "Los habilitados (...) tienen ahora la obligación de facturar de forma electrónica (...) cuentan con 3 meses para iniciar, según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016."

Es la obligatoriedad de la factura electrónica el siguiente paso para la masificación en Colombia

"CO-L1138 : Impulso y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia" es el nombre del proyecto que el Gobierno de Colombia ha utilizado para dar el último empujón al uso de la facturación electrónica en Colombia. Su apellido son USD 12.000.000 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

No estamos hablando de un proyecto tecnológico sin más, sino que busca alcanzar el "objetivo de fortalecer la competitividad e integración regional del país y las capacidades de la administración tributaria y aduanera".

Sin lugar a dudas, una clara declaración de intenciones que hace a la factura electrónica, el eje de la reforma tributaria de la DIAN. De ahí que la comisión de expertos tributarios planteó en su informe que este proyecto es una necesidad para atacar la columna vertebral de la evasión en ese impuesto, la cual está entre el 23 y 40 por ciento.


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