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Como si del Yin y el Yang se tratara, la factura electrónica y la factura en papel llevan conviviendo en Colombia desde hace más de dos décadas. Aunque, en 1989, con el Decreto 624 ya se nombró la e-factura en Colombia, no fue hasta 1995 cuando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con la Ley 223, la equiparó como documento de venta a la factura tradicional en papel y, un año después, con el Decreto 1165 de 1996 nace el concepto de la factura por computador.

Al igual que en otros países de la región latinoamericana, Perú, dentro de su plan de acción para facilitar el comercio exterior, decidió en 2009 introducir la factura electrónica en el país. Esta decisión, que vino impulsada por los planes de integración de los países que conforman el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), desembocó en todo un maratón hacia la obligatoriedad de la factura electrónica en el que tanto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) como las empresas peruanas han participado.

No cabe duda que en los últimos años la factura electrónica, e-factura o factura digital se ha convertido en un eje esencial en la relación empresarial que ha ido desplazando poco a poco al método tradicional, el papel.

La factura electrónica, en Latinoamérica, comenzó a utilizarse en algunos países de la región en la década de los 90 y, con la entrada del nuevo siglo, su implementación se aceleró significativamente hasta convertir la región en el líder mundial en facturación electrónica.

No le puede sonar extraño, ¡se lo advertimos! La DIAN ha dado el pistoletazo de salida hacia el Impulso y Masificación de la Factura Electrónica en Colombia. Así nos lo ha comunicado recientemente.

Las primeras resoluciones con empresas habilitadas a utilizar la facturación electrónica en Colombia incluyen cerca de 20 empresas de las cuales, la mayoría, ya estaban en conversaciones con la DIAN para beneficiarse de esta tecnología.

Según la DIAN, "Los habilitados (...) tienen ahora la obligación de facturar de forma electrónica (...) cuentan con 3 meses para iniciar, según lo establecido en el Decreto 2242 de 2015 y la Resolución 000019 del 24 de febrero de 2016."