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El Salvador hará obligatorios los billetes electrónicos B2C a partir del 1 de enero de 2025. Y es que las empresas obligadas a emitir documentos electrónicos deben empezar a emitir únicamente boletas electrónicas a los consumidores finales.
Tras el éxito en la masificación de la factura electrónica en Colombia, la DIAN ha decidido seguir potenciando la transformación digital de las empresas del país a través del uso obligatorio de la nómina en formato electrónico. De esta manera, la DIAN ha dado a conocer un Proyecto de Resolución por el cual pretende implementar y desarrollar, en el propio sistema de facturación electrónica que ya está en funcionamiento, una nueva funcionalidad para la generación de la nómina electrónica.
La factura electrónica se ha convertido, en la última década, en un elemento esencial para la transformación digital de las empresas latinoamericanas y una herramienta cada vez más exigida por los gobiernos de la zona para mejorar el control tributario. Por ello, a lo largo del 2020 el impulso de los sistemas de facturación online y el uso de los comprobantes electrónicos en Latinoamérica ha seguido en auge y cada vez son más las empresas que dan el paso a esta modalidad a pesar de las dificultades impuestas por la pandemia de Covid-19.
Países como El Salvador, Panamá o Paraguay están desarrollando la factura electrónica en sus relaciones a diferentes niveles: con las Administración Pública (B2G), entre las propias empresas (B2B), e incluso con el cliente final (B2C). En estos países, la factura electrónica se encuentra en un fase inicial que, desde los distintos Gobiernos, buscan equiparar con la situación de países vecinos como México o Perú.
A pesar de que los países de Latinoamérica son líderes mundiales en cuanto a la utilización de la factura electrónica, todavía encontramos en el continente algunos Estados que no han comenzado el proceso de adaptación hacia la e-factura. Este sería el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
PEPPOL son un conjunto de especificaciones y estándares que facilitan el intercambio electrónico de documentos de forma transfronteriza entre los diferentes países europeos. El uso de esta red se rige por una estructura de acuerdos multilaterales que nacieron durante el desarrollo del Proyecto de Compras Públicas Paneuropeas Online (Pan-European Public Procurement Online) que tuvo lugar entre mayo del 2008 y agosto de 2012. Actualmente, estos requisitos son propiedad y están mantenidos por OpenPEPPOL; una asociación internacional sin fines de lucro que surgió en 2012 tras la finalización del proyecto PEPPOL.
En los últimos meses, la factura electrónica se ha reactivado en Ecuador gracias a los nuevos grupos de obligados que continúan impulsando la factura electrónica y la transformación digital del país.
La factura electrónica en Latinoamérica comenzó a utilizarse en los años 90 y, con el nuevo siglo, su implementación se aceleró significativamente. El primer modelo de facturación electrónica fue liderado por Chile en 2003 con la idea de aumentar la competitividad y eficiencia del mercado, mejorar los procesos de cumplimiento, administración, recaudación y supervisión y mejorar el control tributario.
Hace ya 13 años que Brasil implantó su modelo de factura electrónica NF-e y es, junto con el de México, el más consolidado del mundo. Todo un ejemplo para aquellos países que pretenden implantar la e-factura con el objetivo de reducir costes, agilizar procesos y mejorar el control fiscal.
En Honduras, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, decidió desarrollar e implementar el uso de la factura electrónica con el objetivo de reducir la evasión fiscal y aumentar la captación de ingresos del ISV. Con este motivo, el 22 de abril de 2010 se publicó la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, también conocida como el Decreto 17-2010, en cuyo artículo 57 se estableció que el DEI, mediante el Reglamento correspondiente, regularía lo atinente a la factura electrónica, las personas naturales y jurídicas que deberían inscribirse, las obligaciones y prohibiciones de éstas, infracciones y sanciones administrativas.
