La Agenda Digital europea lleva años potenciando la factura electrónica como un elemento tecnológico prioritario dentro del mercado común por ser considerada una herramienta tractora y facilitadora de las relaciones internas entre los distintos países.
Así, la Unión Europea está impulsando la implantación de la factura electrónica en los estados miembros a través de su Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y, a raíz de ella, a partir del 18 de abril de 2019, se establecerá un formato común obligatorio en el uso de la factura electrónica en las relaciones B2G europeas.
Debido a esta normativa los países comunitarios están actualizando la situación de la factura electrónica a través de sus respectivas autoridades tributarias. Ejemplos de ello, son Portugal o Polonia que han estado impulsando la factura electrónica y, en 2019, harán que su uso sea obligatorio en el B2G.
El primer país de la Unión en formalizar la factura electrónica fue Dinamarca en 2005, a la que siguieron años después el resto de países nórdicos. Tras normalizar el uso de le e-factura en el norte de Europa, los siguientes países en adoptar la obligación de uso de la e-factura B2G fueron Austria e Italia en 2014. Asimismo, este último país, Italia, pronto se convertirá en el primer país de la Unión Europea en extrapolar la obligatoriedad a totas las relaciones B2B.
Al año siguiente, en 2015, España y Eslovenia se unieron a la obligatoriedad de la factura electrónica en las relaciones B2G. Al igual que en el caso de Italia, España también ha potenciado la e-factura B2B; en este caso, desde julio de 2018 es obligatoria para los subcontratistas de los proveedores de suministro y servicios de la Administración Pública que facturen más de 5.000 euros.
Hasta el momento, la mayor parte de la Unión Europea y de los países que rodean a la Unión en el continente europeo han establecido una normativa que regula el uso de la e-factura y potencia su uso debido a los beneficios que obtendría el mercado común. Bélgica, Francia, Alemania, etc.
Todos estos cambios en la Unión Europea han propiciado que países extracomunitarios como Andorra o Islandia fomenten el uso de la factura electrónica en su tejido empresarial y en sus instituciones. Además de este impulso de carácter voluntario, otros países no comunitarios como Moldavia han establecido la obligatoriedad en un grupo determinado de empresas o en algunos sectores de la economía nacional como es el caso de Turquía.
La novedad principal con respecto a años anteriores es la cercanía de la Directiva 2014/55/UE que obliga a toda la Unión a formar parte de este cambio tecnológico, que está siendo escalonado en los distintos países tanto de Europa como dentro del mercado común, junto con la evolución de dichos estados europeos hacia la instauración de las relaciones B2B.
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