En la actualidad, en todo el territorio de la Unión Europea existen tres tipos de firma electrónica: simple, avanzada y cualificada, que se encuentran reguladas en el Reglamento eIDAS, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
Según se establece en el Reglamento, la firma electrónica avanzada se trata de una firma electrónica que permite identificar al firmante “de manera única, habiendo sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y estando vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable”. Además, es imprescindible que vaya siempre acompañada de un sello electrónico. Debido al alto nivel de seguridad y a su facilidad de uso, hoy en día, la firma electrónica avanzada es la más utilizada por las empresas.
Además, la firma electrónica avanzada ofrece un servicio de entrega electrónica certificada, que según el artículo 36 del Reglamento eIDAS se trata de“un servicio que permite transmitir datos entre partes terceras por medios electrónicos y aporta pruebas relacionadas con la gestión de los datos transmitidos, incluida la prueba del envío y la recepción de los datos, y que protege los datos transmitidos frente a los riesgos de pérdida, robo, deterioro o alteración no autorizada”.
Contralia es un servicio SaaS (Software as a Service) desarrollado por SERES que ofrece a las organizaciones un entorno online para el envío, aceptación y firma de documentos contractuales. A través de la firma electrónica avanzada, se automatiza todo el proceso de notificación y seguimiento, y se acumulan pruebas fehacientes de todas las acciones que se realizan en los documentos intercambiados.
El servicio agiliza los procesos de contratación, ofrece trazabilidad (total o parcial) del estado de la documentación, integra los datos con los sistemas internos de las empresas, y ofrece validez legal y garantía jurídica en la Unión Europea. Además, cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento eIDAS.