El Ministerio de Hacienda de Rumanía anuncia nuevos planes para ampliar la obligación de la facturación electrónica B2B, que comenzará a partir de julio de 2024, a las transacciones B2C.
Se espera que, en Julio de 2024, a la par que comience la factura electrónica obligatoria B2B en Rumanía, comience el período voluntario de las transacciones B2C, cuya obligatoriedad está prevista que entre en enero de 2025.
Dentro del marco de los requisitos de información digital y del proyecto ViDA, para 2035 Rumanía tendrá que armonizar su modelo de liquidación centralizada con las reformas propuestas por la UE.
Desde el 1 de julio de 2022, la factura electrónica B2B en Rumanía es obligatoria para los productos de alto riesgo fiscal: frutas y verduras; bebidas alcohólicas; nueva construcción; productos minerales; ropa; y calzado.
A este grupo, se añadieron a partir del 1 de marzo de 2024 y según la Ordenanza de Emergencia 115/2023 los siguientes bienes:
No obstante, está previsto que para la mayor parte de contribuyentes la implantación de la factura electrónica obligatoria en Rumanía se realice a partir de 2024.
De hecho, en octubre de 2023 se aprobó la legislación para implementar la facturación electrónica B2B y se definió su actuación en dos etapas:
El pasado mes de julio de 2022, Rumanía comenzó su proceso de masificación de la factura electrónica. Desde esta fecha, varios grupos de contribuyentes están obligados a presentar sus facturas en formato electrónico a través de la plataforma nacional RO e-Factura.
El nuevo sistema de facturación electrónica fue presentado en 2020 por el Ministerio de Finanzas y la Agencia Nacional de Administración Financiera (ANAF) y se materializó tras la publicación de la Ordenanza de Gobierno 120/2021, que desarrolla todo el marco operativo. En un primer momento, los obligados fueron las empresas de transporte por carretera y, de manera gradual, se fue ampliando la obligatoriedad a otros sectores.
Igualmente, y con el objetivo de cumplir con la Directiva 2014/55/UE, el gobierno de Rumanía publicó la Ley 139/2022, que establecía la obligatoriedad de facturar electrónicamente a las Administraciones Públicas.
Todas las facturas deberán enviarse a través de la plataforma centralizada RO e-Factura y deberán ser generadas en el formato UBL, de acuerdo con el estándar RO_CIUS. Previamente, los contribuyentes deberán registrarse en la plataforma online de la ANAF.
Tras la transmisión de la factura de forma electrónica, la plataforma asignará un número de identificación a la factura. El sistema realizará diversas validaciones sobre los documentos, tanto sintáctica como semántica. Una vez validada, el sistema generará una respuesta automática y, si la validación es correcta, se aplicará la firma del Ministerio de Finanzas que garantiza que no se han hecho cambios sobre el contenido de esa factura.
Tanto emisores como receptores deberán almacenar las facturas electrónicas durante al menos 10 años, a excepción de las facturas relativas a los bienes de capital, que deberán almacenarse durante un periodo de 25 años.
Además, se ha introducido mejoras en el sistema nacional de facturación electrónica para responder a las preocupaciones de los contribuyentes de la jurisdicción. Estos cambios incluyen la eliminación de la posibilidad de emitir facturas duplicadas, que serán rechazadas de plano, y la introducción de la opción de auto facturación.
La adopción de una solución de factura electrónica global certificada en todos los territorios donde tu empresa tiene presencia es crucial para cumplir con los requerimientos internacionales. Con la implementación de un sistema de e-Factura Multipaís, las organizaciones podrán acceder a una serie de beneficios significativos:
En resumen, la adopción de nuestra solución de factura electrónica multipaís no solo garantiza el cumplimiento normativo en cada territorio, sino que también mejora la eficiencia operativa y proporciona una visibilidad en tiempo real de todas las operaciones financieras de tu empresa.