La publicación de la Directiva 2014/55/UE supuso un antes y un después en términos de facturación electrónica. A partir de entonces, la factura electrónica se ha ido extendiendo a todos los rincones del continente europeo. Además, justo antes de esta ley, Dinamarca, Suecia y Finlandia fueron los países pioneros en dar un paso al frente para implementar la e-factura. Primero fueron las transacciones B2G y, en un futuro cercano se espera expandir el uso obligatorio a todas las transacciones B2B.
Y si a todo esto le sumamos todo lo que supone el proyecto ViDA, conoceremos la magnitud que va a adquirir en un futuro ya que muchos países europeos están trabajando para asentar el mejor modelo y sistema para hacer que funcione.
Como últimas novedades en el país balcánico, se ha publicado el Boletín Oficial nº.47/23 que recoge un reglamento acerca de la facturación electrónica que entrará en vigor en julio.
Como resultado, dejarán de tener validez:
El Consejo de ministros ha aprobado un proyecto de real decreto que introduce cambios en el régimen de fianzas y de facturación electrónica obligatoria en la contratación pública.
De esta manera, se establece que el contratante debe depositar una fianza automáticamente fijada en un 5% del valor del contrato. Si el poder adjudicador decide no pedir una fianza o fijar menos de un 5%, deberá incluirse una disposición a tal efecto en el pliego de condiciones (sin justificación alguna). En el caso de que el porcentaje sea mayor a un 5%, sí que se necesita justificación.
Por último, se amplía hasta el 1 de marzo de 2024 la obligatoriedad de que las empresas envíen sus facturas electrónicas para los contratos públicos cuyo valor estimado sea inferior a 30.000 euros.
Sin embargo, esta obligación no se aplica a los contratos públicos cuyo valor estimado sea inferior o igual a 3.000 euros. Los poderes adjudicadores federales también impondrán la facturación electrónica por debajo de 3.000 euros a partir del 1 de marzo de 2024.
La Comisión Europea ha publicado una propuesta para permitir a Rumanía imponer la facturación electrónica nacional a partir del 1 de enero de 2024.
Este permiso durará hasta diciembre de 2026 o hasta que la UE acepte suprimir el requisito del permiso. En cualquier caso, lo que ocurra primero.
Siguiendo la propuesta de la CE, el régimen de facturación electrónica requerirá el envío previo de la factura en formato CIUS_RO (UBL 2.1 o CIN) al portal del Gobierno para que lo autorice. Además, se incluye información básica acerca del proceso de validación y el formato de la factura.
Sin embargo, está previsto que se suprima a partir de enero de 2026 para cumplir con el requisito propuesto por el proyecto ViDA de no realizar comprobaciones gubernamentales previas a la autorización a partir de 2028.
La CE ha puesto en marcha el proceso de aprobación para que Alemania introduzca la facturación electrónica obligatoria en las transacciones B2B.
Se prevé la implementación para enero de 2025, aunque es probable que se retrase por la realización de una consulta en línea y porque faltan especificaciones técnicas.
Por otro lado, la CE debe dar el visto bueno al país alemán para desviarse de los artículos 219 y 232 de la Directiva del IVA de la UE que principalmente restringen el uso de la facturación electrónica obligatoria por parte del gobierno frente a las facturas en papel.
Dado que Alemania ha optado por seguir en gran medida el modelo de facturación electrónica del IVA en la era digital propuesto por la CE, debería aprobarse sin cambios.