En Oceanía, el único país que tiene obligatoriedad en relación a la factura electrónica es Fiyi. No obstante, parece que la exclusividad no durará mucho tiempo, puesto que Australia y Nueva Zelanda parecen estar decididos a dar los primeros pasos en la implementación de la e-factura, tras la firma del tratado “Trans-Tasman e-Invoicing Interoperability Framework”, que se espera que vea a luz a finales de 2019.
En la mayor parte de países que conforman el continente, la factura electrónica no se encuentra legislada, simplemente se hace referencia a la misma en las leyes que regulan el intercambio electrónico de documentos. En la actualidad, el uso de la factura electrónica en Oceanía es casi exclusivo en el entorno de la empresa privada.
El gobierno de Fiyi lanzó, en 2017, la “Regulation on Electronic Fiscal Devices”, mediante la cual se implementaron unos sistemas electrónicos de fiscalización de forma obligatoria en el ámbito B2B. Entre las múltiples funcionalidades con las que cuentan estos sistemas se incluye la facturación electrónica. Con la finalidad de facilitar al máximo la implementación del sistema en las empresas, se dividió el proceso en tres fases, desde finales de 2017 hasta mayo de 2019.
También en 2017, el Consejo de Negocios Digitales de Australia aprobó el programa “eInvoicing Interoperability Framework”, que estableció una serie de estándares para la facturación electrónica que las empresas pueden elegir en función de sus posibilidades y preferencias. El objetivo principal de este tratado fue mejorar y digitalizar las relaciones comerciales a nivel nacional en Australia.
Tras la firma del tratado de “Trans-Tasman e-Invoicing Interoperability Framework”, Nueva Zelanda se encuentra trabajando actualmente en la creación de una ley que regularice la factura electrónica. Hasta el momento, el Departamento de Rentas no ha establecido ningún requisito específico para el uso de las e-facturas, más allá de indicar que se debe garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
Por este motivo, a finales de 2018, los dos países firmaron el acuerdo “Trans-Tasman e-Invoicing Interoperability Framework”, cuyo objetivo principal es introducir la e-factura en las relaciones comerciales entre las empresas y organizaciones de ambos países. Se estima que tras la implementación de la factura electrónica se ahorrarán más de 30 billones de dólares en un periodo de 10 años.