Desde el pasado mes de abril, la factura electrónica es obligatoria en todas las Administraciones Públicas de los Estados Miembro de la Unión Europea, tal y como establece la Directiva 2014/55/UE, sobre la facturación electrónica en Europa.
Las transacciones realizadas con facturas electrónicas en Europa en 2019 superaron los 1.000 millones de euros y, se estima que, en 2027, esta cifra aumente a más de 3.600 millones de euros. Por lo que, gracias a la obligatoriedad de la factura electrónica en el sector público europeo, el valor de las operaciones comerciales con e-facturas casi se cuadruplicaría en menos de 10 años.
Desde hace tiempo, la factura electrónica es un elemento clave dentro de la Agenda Digital Europea y se considera una herramienta tractora y facilitadora de las relaciones comerciales internas entre los distintos países de la Unión Europea. No obstante, la implementación de la misma ha sido muy desigual en los diferentes países que conforman la Unión.
De esta forma, tras la publicación del nuevo Decreto-Lei, se estableció el siguiente calendario:
En Grecia, la Directiva 2014/55/UE se ha transpuesto de manera parcial. Por lo tanto, actualmente, los proveedores de las Administraciones públicas griegas están enviando facturas electrónicas de manera voluntaria.
Con la finalidad de facilitar la implementación de la e-factura entre las compañías, la Autoridad Independiente de Ingresos Públicos (IAPR) estableció un calendario escalonado con diferentes fechas:
Por lo tanto, a pesar de que la obligatoriedad de envío de facturas se ha pospuesto hasta el 1 de octubre de 2020, las empresas estarán obligadas a reportar toda la facturación perteneciente a 2020 en formato electrónico.
En el país balcánico existe legislación vigente en relación a la firma electrónica (Ley 455/2001) y al archivo electrónico (Ley 135/2007), no obstante, ninguna de ellas hace referencia o mención al uso de la factura electrónica.
A principios de 2019, las autoridades competentes comenzaron a trabajar en un proyecto que contemplase la adopción de la factura electrónica en el sector público, y en junio de 2019, se presentó un borrador en el Parlamento. No obstante, la propuesta está pendiente de validación desde octubre de 2019 y, por el momento, no se prevén avances al respecto.