La factura electrónica en Italia tuvo su primer impulso con la Ley de Presupuesto de 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), que estableció la emisión, transmisión, almacenamiento y archivo de las facturas emitidas con las autoridades públicas (B2G) en formato electrónico con el objetivo de simplificar el proceso de facturación y registro de operaciones de impuestos.
Al año siguiente, en 2009, la Agencia delle Entrate fue identificada como el administrador del Sistema di Interscambio (SdI) y Sogei como responsable de la gestión técnica. En el 2013 se establecieron las reglas para la emisión, transmisión y recepción de la factura electrónica y la forma de operación se definió el sistema de intercambio italiano en el Decreto 3 aprile 2013, n. 55.
En paralelo, en 2012 la transposición de la Directiva 2010/45/UE se llevó a cabo a través de Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216, que, entre otras cuestiones, estableció que en Italia se aceptan todos los sistemas para garantizar la integridad y la autenticidad de facturas electrónicas como las firmas electrónicas o digitales, EDI y otros controles de gestión que garantizan la trazabilidad entre una factura y la entrega de bienes o servicios.
Finalmente, el gobierno italiano introdujo la facturación electrónica B2G obligatoria en junio de 2014 para los proveedores de las administraciones públicas y las oficinas gubernamentales, y en enero de 2017 introdujo las transacciones B2B facultativas.
En el modelo de facturación de Italia, también se requiere el almacenamiento de facturas electrónicas en formato electrónico, opcional para los de papel o "electrónicamente creados" pero utilizado en papel. De igual manera, se establecieron requisitos específicos relacionados con la conservación de facturas electrónicas y otros documentos fiscales pertinentes. Y, a su vez, se estableció que, si la factura es subcontratada, debe claramente especificar que se emite en nombre de la empresa.
El proyecto de FatturaPA del gobierno italiano incluye un sistema de intercambio, un formato XML y un comprobador de errores. También incluye una serie de soluciones para PYMES que incluye un servicio gratuito de facturación electrónica. A su vez, autoriza su gestión completa para las Cámaras de Comercio y el Consejo Nacional de Contadores.
También existen iniciativas como SICOGE, desarrollada por la Oficina General de contabilidad a que se han adherido numerosas entidades locales; SIDI, para facturas electrónicas destinadas a las escuelas estatales; y el servicio "Accompagnatoria elettronica FACILE" desarrollado para su uso por los municipios entre 3.000 y 10.000 habitantes.
El futuro
A partir del 1 de enero de 2019, la e-factura será obligatoria en las transacciones comerciales entre empresas (B2B). Esta obligación, que es el impulso definitivo a la facturación electrónica en Italia y la primera obligación B2B en Europa, se adelantará al 1 de julio de este año para las empresas del sector petrolero y subcontratistas de los proveedores de suministros y servicios a la administración pública.
La promulgación del Disegno di Legge di Bilancio 2018, que prevé estos supuestos, además de acelerar el despliegue de la factura electrónica en el país hará posible evitar fraude fiscal, mejorar la flexibilidad administrativa y ayuda a simplificar la burocracia en el ciclo de la orden de pago.
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