La historia de la factura electrónica B2G en Chipre se remonta al año 2012, cuando el Consejo de ministros aprobó el plan Digital Strategy for Cyprus, que se centra en la promoción del uso de las TIC en las entidades públicas para lograr una economía inteligente, sostenible e inclusiva.
Esta estrategia, cuyo período de desarrollo comprende desde 2012 hasta 2020 tenía como puntos clave la adopción de la factura electrónica. Para ello, el gobierno designó al Ministerio de Finanzas y al Tesoro de la República, como organismos encargados de la implantación de la e-factura en el país.
El gobierno chipriota comenzó a trabajar en un proyecto para desarrollar una plataforma centralizada basada en la red y estándares PEPPOL tras la transposición de la Directiva Europea 2014/55/UE en relación con la facturación electrónica.
En este proyecto participaron tanto organismos del gobierno como empresas privadas y concluyó en diciembre del año 2017. Desde entonces, el Ministerio de finanzas comenzó a promover la masificación de la factura electrónica en Chipre.
Gracias a este proyecto, se estableció la obligación para recibir y tramitar facturas electrónicas. Primero en abril de 2019 para las entidades de la Administración Central y, después, en el año 2020 para el resto de los organismos públicos contratantes.
Actualmente, los operadores económicos presentan facturas electrónicas de forma voluntaria a través del punto de acceso de facturación electrónica PEPPOL y a través del portal del Gobierno de Chipre.
Desde el 1 de enero de 2022 la facturación electrónica B2G es obligatoria en Chipre, lo que significa que todos los proveedores de la administración pública deberán usar la factura electrónica para sus transacciones con el gobierno.
Sin embargo, actualmente no es obligatorio que estas entidades envíen facturas electrónicas a sus proveedores o para las transacciones entre empresas (B2B). Para las transacciones B2B, son necesarios acuerdos bilaterales entre socios comerciales.
La factura electrónica en Chipre tiene una serie de características y de elementos básicos que deben ser comunes a todas las facturas.
El formato debe ser el CIUS – PEPPOL Billing 3.0. Se trata de una especificación básica de uso de facturas y de una extensión de la norma UBL.
Las facturas electrónicas deben ser almacenadas durante un período de 8 años, para que así las autoridades fiscales puedan acceder a ellas en caso de que sea necesario. Las empresas tienen que asegurarse de que las facturas se almacenan en un sistema seguro y fiable para cumplir con la normativa.
Fecha de emisión para asegurar que las facturas electrónicas sean identificables como procedentes del emisor. Por el contrario, si la fecha de emisión no coincide con la fecha de suministro, la factura electrónica debe actuar como un elemento aclarativo.
Identificador numérico. Todas las facturas electrónicas deben tener un número secuencial que sirve a la autoridad fiscal para identificar las facturas electrónicas y tramitarlas.
IVA del proveedor para garantizar que la factura electrónica procede de un proveedor registrado y facilite el tratamiento posterior por parte de la autoridad fiscal.
Los datos personales de proveedor y cliente (nombre, dirección o información de contacto) ayudan a la autoridad fiscal a garantizar la legitimidad de las facturas electrónicas.
La mejor forma de cumplir con obligatoriedades a nivel internacional es a través de la contratación de una solución de factura electrónica global que esté certificada en todos los países en los que opera tu empresa.
Con la implementación de la solución e-Factura Multipaís de SERES, las empresas podrán beneficiarse de una serie de ventajas: