La digitalización ofrece innumerables beneficios a las empresas, y la factura electrónica representa el primer paso para comenzar la transformación digital de un negocio. Teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos en las Administraciones Públicas, cada vez son más los gobiernos que estudian implementar la obligatoriedad de la e-factura a nivel B2B.
En Europa, Italia es el país pionero en la implantación de la factura electrónica en la empresa privada y se espera que, en los próximos años, España, Francia, Bélgica, Alemania y Polonia se sumen a esta tendencia.
A finales de 2021, el gobierno español presentó el Proyecto de Ley Crea y Crece que, entre otras medidas destinadas al impulso del crecimiento empresarial, establece la factura electrónica obligatoria para todos los autónomos y empresas. Además, la Ley prevé reducir de manera significativa el porcentaje de morosidad empresarial en el país.
De acuerdo con los plazos establecidos en el Proyecto de Ley, todas aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros anuales, estarán obligadas a implementar la factura electrónica en el plazo máximo de un año. Mientras que el resto de compañías contarán con un límite de 2 años desde la publicación de la Ley en el BOE.
Actualmente, el Proyecto de Ley Crea y Crece ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y está a la espera de tramitación por parte del Senado. Se espera que la masificación de la factura electrónica comience a lo largo de 2023 y finalice en 2025.
El año pasado, la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP), aprobó la obligatoriedad de uso de la factura electrónica en el ámbito B2B, recogida en la Ley General de Presupuestos. En enero de 2022, el Consejo Europeo dio luz verde para la puesta en marcha del proceso de masificación de la e-factura en Francia.
Tal y como establece la Ordenanza n. º 2021-1190, de 15 de septiembre, la implementación de la factura electrónica entre las empresas francesas se realizará de forma progresiva entre 2024 y 2026, en función del tamaño de empresa. El calendario sería el siguiente:
El Ministerio de Finanzas belga ya ha comenzado a diseñar un proyecto de masificación de factura electrónica en el ámbito B2B que se espera que vea la luz en los próximos meses. Como sucede en el resto de países europeos y latinoamericanos, todo apunta a que este proyecto se desarrollará en varias etapas, con el objetivo de facilitar al máximo la implantación de la e-factura a las empresas.
Igualmente, se espera que Bélgica se decante por el modelo Clearance, al igual que ha hecho Italia y que está previsto que suceda en España y Francia.
Hasta el momento, la factura electrónica entre empresas privadas es voluntaria, no obstante, el gobierno lleva varios años impulsando su uso con el objetivo de reducir el fraude fiscal y la morosidad empresarial. En Alemania, cada vez se incluyen más funcionalidades a la factura electrónica y está previsto que, en los próximos meses, el Ministerio del Interior publique un plan de masificación.
En los últimos meses, se han hecho múltiples avances en materia de facturación electrónica en Polonia. Actualmente, existe un plan de masificación de factura electrónica en el ámbito B2B y estaba previsto que se iniciase a lo largo de 2023, sin embargo, la Comisión Europea ha acordado que se posponga hasta 2024.
La plataforma que deberán utilizar las empresas polacas es KSeF (Sistema Nacional de Factura Electrónicas), que se encuentra disponible desde enero de 2022 para uso voluntario. El formato a utilizar es XML.
Serbia avanza en su proceso de masificación de la factura electrónica. En mayo de este año, comenzó la obligación de envío de factura electrónica a las Administraciones Públicas y, se espera que, a lo largo de 2023, se implemente el uso obligatorio entre las empresas privadas. De acuerdo con la normativa vigente, las penalizaciones económicas por incumplir con lo establecido en materia de facturación electrónica llegan hasta 17.000 euros (2 millones de dinares serbios).