En los últimos años, la presencia de la tecnología se ha ido incrementando de manera exponencial en el día a día de las personas. Como resultado de este crecimiento, en la actualidad, vivimos en un mundo hiperconectado, en el que la experiencia de usuario es cada vez más digital.
Hoy en día, las empresas son mucho más proactivas a la hora de implementar las nuevas tecnologías en sus procesos internos. No obstante, en muchas ocasiones, la transformación digital de las compañías ha venido impulsada por diferentes leyes y normativas internacionales, una prueba de ello es la Administración Electrónica en España.
La incorporación de la tecnología en la gestión empresarial ofrece innumerables beneficios, como son la automatización de procesos internos, el ahorro de costes, el aumento de la seguridad y la eliminación del uso de papel, entre muchos otros. Existen una gran cantidad de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la operatividad de las empresas, y la firma digital es una de las más demandadas en los últimos meses debido a las grandes ventajas que aporta a la experiencia de usuario.
La firma digital puede utilizarse para simplificar multitud de trámites, aportando rapidez y seguridad a los procesos, y mejorando la relación con todas las partes del negocio. Las principales ventajas que ofrece la firma electrónica en relación a la experiencia de usuario son:
Contralia es un servicio SAAS (Software as Service) desarrollado por SERES que ofrece a las organizaciones un entorno online para el envío, aceptación y firma de documentos contractuales. A través de la firma electrónica avanzada, se automatiza todo el proceso de notificación y seguimiento, y se acumulan pruebas fehacientes de todas las acciones que se realizan en los documentos intercambiados.
El servicio agiliza los procesos de contratación, ofrece trazabilidad (total o parcial) del estado de la documentación, integra los datos con los sistemas internos de las empresas, y ofrece validez legal y garantía jurídica en la Unión Europea. Además, cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento eIDAS.