2020 será un año clave para el despegue de la factura electrónica en Portugal gracias a la transposición de la Directiva 55/2014/UE sobre la facturación electrónica en Europa. A partir del próximo 18 de abril, tanto las AAPP como las empresas de más de 250 empleados, estarán obligadas, las primeras a recibir y las segundas a emitir, facturas en formato electrónico.
Al igual que ha ocurrido en no pocos países, en los últimos años la adopción de la factura electrónica en Portugal ha sufrido numerosos altibajos y varios aplazamientos normativos. Finalmente, el 28 de diciembre de 2018, el Gobierno publicó el Decreto-Lei nº 123/2018, donde se establecía la obligatoriedad de la facturación electrónica en el ámbito B2G en el país.
Según la Directiva Europea, desde el 18 de abril de 2019, el Gobierno central y los Institutos Públicos están obligados a recibir facturas electrónicas. A pesar de ello, hoy esta obligación afecta solo a la recepción y el procesamiento de las facturas electrónicas por parte de la Administración central.
Sin embargo, en Portugal y a día de hoy, sólo 151 entidades públicas han habilitado un sistema de recepción de factura electrónica que cumpla con los requisitos establecidos en la norma EN 16931, el formato establecido por la Comisión Europea como obligatorio para la facturación electrónica en Europa. Esto significa que todavía faltan por incorporarse al sistema muchas AAPP centrales que no se han adaptado a la normativa, lo que supone que la Administración Central de Portugal sigue recibiendo la mayoría de sus facturas en formato papel.
Aplazamiento
Portugal fue uno de los muchos países de la Unión Europea que solicitó el aplazamiento de la obligación de facturar electrónicamente en las contrataciones públicas hasta 2020. De esta manera, se espera que todas Administraciones Públicas, incluyendo regiones autónomas, administraciones locales y el Banco de Portugal, estén obligados a recibir facturas electrónicas a partir del 18 de abril de 2020.
La realidad es que a las AAPP de portuguesas les está costando adaptarse a la nueva forma de facturar los contratos públicos y por ello el Gobierno estableció un calendario tardío para la obligatoriedad de los proveedores de las Administraciones Públicas. Por este motivo, se ha fijado el 18 de abril de 2020 como fecha límite para que las grandes empresas del país (aquellas que cuentan con más de 250 empleados) emitan facturas electrónicas a las administraciones públicas. Así, Portugal comenzará a cumplir con la normativa europea de facturación electrónica.
La otra gran fecha marcada en el calendario es el 1 de enero de 2021, momento en el que el resto de proveedores de las administraciones públicas portuguesas estarán obligados a emitir facturas electrónicas a las mismas.
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