La factura electrónica ha experimentado un tremendo boom en Latinoamérica en las últimas décadas en cuanto a su implantación y difusión entre los contribuyentes y, Argentina, no se ha quedado atrás en esta evolución. La Administración Federal de Impuestos Públicos, AFIP, lleva quince años publicando una serie de resoluciones generales para el desarrollo de su modelo de facturación en el que, en la actualidad, casi la totalidad de los contribuyentes del país intercambian sus facturas de forma electrónica.
Aunque el nuevo modelo de facturación electrónica argentino fue de adhesión voluntaria en una primera etapa, en 2006 la Resolución General 2177 estableció la factura electrónica gradualmente obligatoria para algunos grupos de contribuyentes. Los primeros en sumarse a esta modalidad fueron las compañías telefónicas, las operadoras de internet y de televisión por cable, las empresas de servicios básicos y de medicina prepaga, los servicios de seguridad, las empresas de limpieza y las compañías de transporte de caudales y/u otros objetos de valor; los cuales entraron en la obligatoriedad a partir de abril de 2007. Poco después, en enero de 2009, también lo hicieron las compañías de telepeaje, informática, publicidad y servicios profesionales superiores a los $600.000, según lo establecido en la Resolución General 2485 de 2008.
Fue a partir de la publicación de esta última Resolución cuando se establecieron los requisitos normativos de facturación electrónica en Argentina. Esto supuso un cambio conceptual muy grande en las empresas del país, ya que tuvieron que adaptar sus sistemas a las especificaciones de la AFIP. De esta manera, la Administración Federal recibía la información del contribuyente y se la devolvía verificada y con el CAE (Código de autorización electrónica).
Así, gracias a todo este impulso, si en enero de 2008 se habían sumado al régimen 1.251 contribuyentes, en julio de aquel año sumaban 1.462, en enero de 2009 eran 2.517 y en diciembre de ese mismo año la cifra había ascendido a 11.448, según información brindada por la AFIP.
Desde entonces, el número de contribuyentes que ha adoptado este sistema ha tenido un crecimiento constante debido, no sólo, al calendario de obligatoriedad de la AFIP, sino también, a las ventajas que supone para las empresas la incorporación de la e-factura en sus procesos.
De hecho, desde la entrada en vigor de la Resolución General 3749 de 2015, la factura electrónica es obligatoria para casi todos los contribuyentes argentinos al establecer que, a partir del 1 de julio de 2015, los comprobantes electrónicos serían de uso obligatorio para los responsables inscritos en el IVA, dejando de ser válidos los comprobantes en papel.
SERES ha desarrollado un Whitepaper sobre la “Situación de la Factura Electrónica en Latinoamérica” que recopila en detalle los avances que se esperan en Latinoamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Guayana Francesa, Honduras, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
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