Si bien es cierto que la factura electrónica lleva poco tiempo en vigor en Uruguay, el avance que ha experimentado en cuanto a su implantación ha sido muy considerable. La Dirección General Impositiva, DGI, vio en el diseño y la creación de un sistema de facturación electrónica el mayor aliado para conseguir combatir la informalidad y la evasión del país, además de generar grandes ahorros para sus contribuyentes. Con ese fin, y tomando como referencias las experiencias exitosas de otros países de Latinoamérica como Chile, Brasil y México, se logró adaptar la e-factura a las necesidades de las empresas uruguayas y reconocer la validez y eficacia jurídica de los documentos electrónicos con la publicación de la Ley D.G.I. N.º 18.600/2009.
Este nuevo sistema de facturación pretendía cubrir todas las fases del intercambio comercial: las transacciones entre empresas (B2B), las transacciones entre empresas y consumidores finales (B2C), y las transacciones con el Estado (B2G); y su puesta en marcha por la DGI contó con tres fases. La primera entre 2010 y 2011, en la que se diseñó el sistema y se definió su funcionamiento; la segunda en 2012, cuando tuvo lugar un plan piloto con 20 empresas voluntarias del país; y, por último, una tercera fase a finales de 2012 y principios de 2013 en la que las primeras empresas comenzaron a operar a través de este nuevo sistema.
De esta manera, con la publicación de la Resolución D.G.I. N.º 798/2012 no sólo se estableció el régimen de comprobante fiscal electrónico (CFE) en Uruguay sino que se abrió las puertas a que durante 2013 se unieran al sistema, de forma obligatoria, unas 250 empresas pertenecientes al grupo de grandes contribuyentes del país (Resolución D.G.I. N.º 2.695/2012).
Estos primeros contribuyentes obligados representaban el 22% de los documentos emitidos y el 50% de la facturación total en términos monetarios; y su incorporación a la facturación electrónica de Uruguay permitió que al terminar el año 2014 aproximadamente 1500 empresas del país formaran parte del régimen de CFE.
Una vez que el sistema quedó operativo, la DGI decidió ampliar la obligatoriedad de factura electrónica en Uruguay y, en 2015, publicó un nuevo calendario de obligados a usar los CFE en la Resolución D.G.I. N.º 3.012/2015. En él, se establecen las fechas de incorporación de acuerdo a las ventas en UI (Unidades Indexadas), obligando primero a las empresas más grandes para luego exigirlo a las más pequeñas.
La idea es que para el 1 de enero de 2019 prácticamente el 90% de los contribuyentes del país intercambien sus comprobantes fiscales de forma electrónica; lo que significa un cambio radical, porque implica tener prácticamente toda la documentación fiscal de forma electrónica.
A día de hoy, ya se han incorporado al sistema todas las empresas con ventas mayores a 4.000.000 en UI, unos 10.000 emisores registrados que han intercambiado más de más de 2.000 millones de documentos electrónicos. Unos datos que demuestran el buen ritmo que lleva Uruguay en la implantación y universalización de la factura electrónica.
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