El enfoque de Irlanda para adaptarse a la factura electrónica

En abril de 2014, la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/55/UE supuso la introducción de algunos cambios importantes respecto a la facturación electrónica en la Unión Europea, e Irlanda, como Estado Miembro, no fue una excepción.

Dicha Directiva regula la facturación electrónica en la contratación pública de los Estados Miembros de la UE y establece que los organismos de gobierno central deben cumplir con esta obligación a partir del 18 de abril de 2019. Por lo que, actualmente, la administración central irlandesa está operando con factura electrónica. El resto de entidades públicas (regionales, locales, etc.) deberán acatarla para el 18 de abril de 2020.

Aunque anteriormente no existía ninguna ley que regulase la utilización de la facturación electrónica en Irlanda, sí que se encuentra un antecedente en el Instrumento legal 354, vigente desde el 1 de enero de 2013, que estableció la igualdad entre las facturas electrónicas y las facturas en papel e incorporó la definición de procesamiento de una factura electrónica.

El proceso de adaptación a la nueva normativa europea se inició en enero de 2018, cuando Irlanda firmó un acuerdo con la OpenPEPPOL y se anunció que la Office of Government Procurement pasaba a formar parte de la red PEPPOL para la transmisión de documentos electrónicos. Según afirmó el Ministro de Estado de Irlanda, Patrick O’Donovan, la entrada en esta nueva comunidad internacional supondría para el país una gran oportunidad para lograr una mayor transparencia y competencia en la contratación pública, la reducción de costes y disminuir impacto medioambiental.

A partir de entonces, eInvoicing Ireland junto con la Oficina de Compras Gubernamentales (OGP) y los socios del sector en Gobierno Central y Local, Salud y Educación, comenzaron a trabajar para implementar la facturación electrónica en los organismos públicos del país. La campaña de adaptación se centró en destacar la importancia de la implantación de la factura electrónica en los organismos del Estado y en alentar también su utilización en la empresa privada.