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¿Son las empresas del sector salud las que más demoran sus pagos en España?

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El sector sanitario tiene uno de los índices de Retraso Medio de Pago (RMP) más elevados de nuestro país. En el último cuatrimestre de 2019, las empresas de este sector registraron un retraso en sus pagos de 17, 34 días, frente a la media nacional que se sitúa en 14,12 días, según el informe “7º Análisis del Comportamiento de Pago Empresarial”, realizado por Informa.

A lo largo de 2019, el RMP de las empresas del sector de la salud se incrementó de manera considerable. Así, a finales de 2018, el retraso en los pagos de este sector se situaba en 15,70 días y, tras una leve bajada en el tercer trimestre de 2019, finalizó el año pasado con una subida de casi dos puntos por encima del año anterior, algo que ha hecho que el sector se sitúe entre los que más tardan en pagar en España.

Evolución RMP Sector Salud

La factura electrónica aporta liquidez inmediata a las empresas

La factura electrónica optimiza la gestión de las empresas, aportando liquidez y ofreciendo nuevos canales de financiación como el factoring.

Para las empresas que utilizan la factura electrónica, la puntualidad en los pagos queda reforzada por el propio sistema, ya que no existen demoras en la facturación: la factura se emite en el momento en que se presta el bien o el servicio, el receptor la valida automáticamente -salvo que exista alguna discrepancia, que se comunica al instante para su resolución- y, en todo momento se conoce el estado de la factura y la previsión de cobro.

Impulso europeo

La Unión Europea lleva años promoviendo la implementación de la factura electrónica en las transacciones comerciales del mercado interior. De hecho, desde el pasado mes de abril de 2020, todas las Administraciones Públicas europeas están operando con facturas electrónicas.

Además de reducir el RMP y aumentar la liquidez, la e-factura optimiza el funcionamiento de la cadena de suministro, lo que se traduce en una mejora sustancial de las relaciones con clientes y proveedores. Además, a estas ventajas se añade un significativo ahorro de costes, cifrado en 1.602.161.051€ en 2019, según el Estudio sobre la implantación de la Factura Electrónica en España de SERES.

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