Según el estudio, gracias al uso de la factura electrónica, las empresas españolas se ahorraron en 2018 algo más de 900 millones de euros en la gestión de las facturas recibidas y 511 millones de euros en la gestión de las facturas emitidas. También se ahorraron 662.145 horas en la tramitación de las facturas recibidas y 106.963 horas en las emitidas, además de reducir de manera significativa el impacto medioambiental derivado de la eliminación del uso de papel.
Por comunidades autónomas, las empresas de Madrid, la Comunidad Valencia, Andalucía, Cataluña y Castilla y León lideran el ranking en número de empresas emisoras de emisión y Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla y León en número de receptoras. Por su parte, Madrid, Cataluña y Andalucía fueron las que emitieron y recibieron un mayor número de facturas.
El sector servicios sigue siendo el más activo, agrupando al 55,9% de empresas emisoras y el 58,42% de las receptoras. Por actividad destacan las empresas del sector Comercio, con el 46,66% de los documentos emitidos y 60,59% de los emitidos, seguida por Alimentación, con el 28,98% de los documentos emitidos y el 15,26% de los recibidos y Utilities, con el 7,97% y el 2,14% respectivamente.
Por tamaño, la mediana empresa representa el 45,48% de las empresas emisoras y el 37,57% de las receptoras, la pequeña empresa reúne al 23,8% de las emisoras y el 26,27% de las receptoras, la gran empresa supone el 22,48% de las emisoras y el 24,48% de las receptoras y, finalmente, las micro empresas representan el 8,24% de la emisión y el 11,78% de la recepción.
La implantación del Suministro Inmediato de Información (SII) -el IVA online- en las Comunidades Forales – País vasco y Navarra- en enero de 2018 ha impulsado el uso de la factura electrónica en estos territorios, favoreciendo la transformación de los procesos internos de muchas empresas transformen sus procesos internos que vean en la factura electrónica un gran aliado para cumplir con la obligación. Algo asimilar ocurrirá en Canarias, en 2019, tras la implantación de SII a principios de eneros de este año.
Por su parte, la obligatoriedad de la factura electrónica para los subcontratistas de las AAPP ha tenido sus efectos y los seguirá teniendo en el futuro, como se aprecia el incremento de uso de la factura electrónica registrado en las operaciones B2G. La evolución de la normativa de facturación electrónica a las Administraciones Públicas - en vigor desde 2015 - ha dado lugar, en 2018, a la obligatoriedad de uso de la factura electrónica para los subcontratistas del Estado. Así, desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las AAPP españolas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros.
Resultan relevante, sobre todo de cara al futuro, el éxito internacional de la factura electrónica y los impulsos dados por la Unión Europea por normalizar su uso entre los países miembros. Un impulso que ha permitido el desarrollo, a lo largo de 2018, de un nuevo formato común de factura electrónica cuyo uso que será de obligatorio uso en las contrataciones públicas europeas a partir del 18 de abril den 2019.
A pesar de la contracción del crecimiento económico en la zona euro, todo parece indicar que 2019 será un año muy importante para la universalización de la factura electrónica en la UE. El nuevo estándar europeo de factura electrónica, que será obligatorio en las relaciones B2G a partir del próximo 18 de abril, y las primeras iniciativas nacionales que apuntan a una obligatoriedad general del uso de la e-factura serán el espaldarazo definitivo a la desmaterialización de la factura y al impulso del intercambio electrónico de otros documentos.