De acuerdo con los últimos datos facilitados por el portal institucional del Ministerio de Hacienda, en el mes de mayo se presentaron a las Administraciones Públicas a través de FACe 81.274.493 facturas electrónicas, por un importe total de 376.607.895.093€.
Del total, 7.364.040 facturas se presentaron a la Administración General del Estado, lo que supone un 9,06%, por un importe de 84.464.013.390€. Destaca el uso de la factura electrónica entre los contratistas de las Administraciones Locales, que intercambiaron 35.405.178 documentos, lo que vendría a representar el 43,56% de facturas intercambiadas, con un importe total de 114.078.205.297€.
Por su parte, la Administración Autonómica recibió 34.646.916 facturas electrónicas, lo equivalente al 42,63% del total de documentos presentados a través de FACe, por un importe de 166.330.138.667€. Mientras que las universidades públicas y el resto del sector público institucional recibieron 3.362.297 y 496.062 facturas electrónicas respectivamente, llegando a representar, de forma conjunta, casi el 4% del total.
Desde la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, todos los proveedores de las Administraciones Públicas están obligados a emitir facturas en formato electrónico. Para facilitar y unificar el proceso de facturación electrónica se creó FACe, el punto general de entrada de las Administraciones Públicas.
Debido al éxito que supuso la creación de este portal, en 2018, con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lanzó la plataforma FACeB2B, réplica que servirá para las relaciones entre empresas tanto en el ámbito de la contratación pública, donde entran en juego los contratistas y subcontratistas, como en el ecosistema B2B.
Todas estas cifras muestran que el uso de la factura electrónica continúa al alza entre las Administraciones Públicas. De acuerdo con nuestro Estudio comparativo sobre el uso de la Factura Electrónica en España, las Administraciones Públicas representaron el 4,26% de las instituciones receptoras de factura electrónica.
El futuro se presenta bastante alentador para la digitalización del tejido empresarial español y la factura electrónica ocupará un papel clave dentro de este escenario. El pasado mes de diciembre de 2021, el Gobierno de España presentó la Ley Crea y Crece, que tiene por objeto mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración y desarrollo. Una de las principales medidas que contempla esta Ley es la obligatoriedad de uso de la factura electrónica en el ámbito B2B.
A esta Ley se le suma el Programa Kit Digital, cuyo objetivo es ayudar a pymes, micro pymes y autónomos a implantar soluciones digitales e impulsar así su proceso de transformación digital. Para ello, el Gobierno pondrá a disposición de las empresas y autónomos un presupuesto de más de 3.100 millones de euros financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Estas ayudas se materializarán a través del denominado Kit Digital, donde cada empresa podrá acceder a una determinada subvención en función del número de trabajadores que tenga.