La factura electrónica es el instrumento que permite a la Autoridad Tributaria contar con información de las transacciones realizadas por los contribuyentes. De esta manera, se puede dar seguimiento a varios eslabones de la cadena de la actividad económica y, por lo tanto, se mejora la efectividad de la fiscalización tributaria.
La factura electrónica reduce el uso de papel, ofrece trazabilidad y permite corregir errores, pero en América Latina se instala, sobre todo, para reducir el riesgo de evasión fiscal y aumentar la transparencia de las operaciones comerciales. Aspecto que cobra especial relevancia tras la pandemia ocasionada por el COVID-19, puesto que múltiples aspectos económicos y sociales hacen que la acción del Estado a través de la política fiscal, en general, y de los programas de gasto público, en particular, cobren una mayor importancia.
La factura electrónica se ha ido imponiendo en América Latina en los últimos años, adquiriendo una relevancia significativa a lo largo de 2020. Por ello, no es de extrañar que, en el último año, en todo el continente latinoamericano, se hayan movido 15 billones de facturas, de las cuales 9 billones corresponden al ámbito B2B2C, que agrupa el B2B (entre empresas) y el B2C (entre empresas y consumidor final. Teniendo en cuenta estos datos, todo parece indicar que, en los próximos años, la masificación de la factura electrónica se extenderá a todos los sectores de actividad y operadores económicos.
La factura electrónica se implanta por primera vez en Chile, en 2003, para un número reducido de contribuyentes. No fue hasta 2018 cuando se convirtió totalmente en obligatoria, consiguiendo que, en 2020, se emitiesen 566 millones de Documentos Tributarios Electrónicos.
Varios países de América Latina, tomando como referencia a México, donde la factura electrónica es totalmente obligatoria en todas las transacciones, y tras varios ensayos pilotos con pequeños grupos de contribuyentes, han empezado a implementar la e-factura de manera obligatoria para el 100% de las empresas. Es el caso de Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay, donde en diciembre de 2020 finalizó el último plazo de implementación gradual.
En los tres últimos años otros países se han sumado a esta tendencia como forma de fortalecer el cumplimiento tributario. Prueba de ello son Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana dónde se prevé una implantación masiva de la factura electrónica a lo largo de 2021.
En otros países, donde la factura electrónica ya está bastante asentada, las Autoridades Tributarias siguen trabajando en la mejora continua de los formatos de la factura para, de esta manera, facilitar al máximo la comunicación entre los contribuyentes y las entidades fiscales. Así, en Argentina, cabe destacar la reciente incorporación de un código QR en las facturas, se trata de un mecanismo de respuesta rápida para los comprobantes electrónicos emitidos.
En países como Venezuela, Barbados, Bahamas, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, Puerto Rico y Santa Lucía, aún queda mucho por hacer para que la factura electrónica sea de carácter obligatorio, aunque exista la posibilidad de utilizarla de forma voluntaria.
Esto deja ver que todavía queda un largo camino en el avance de la digitalización, que demanda un gran esfuerzo a realizar tanto por los sectores productivos como por las administraciones tributarias. Por ello, es imprescindible que, una vez que se quiera iniciar el proceso de implantación de la factura electrónica en la empresa, se cuente con el acompañamiento personalizado de un proveedor de servicios de confianza.
Con todo esto, podemos concluir que la facturación electrónica se ha convertido, sin duda alguna, en un elemento esencial en el proceso de transformación digital de los países de Latinoamérica por los beneficios que conlleva su implementación y por su efectividad comprobada.