El desarrollo de la factura electrónica en Costa Rica no ha sido un camino sencillo de recorrer y, aunque comienza a verse el final, todavía queda mucho por recorrer. Su implementación, que estaba prevista para 2014, ha venido marcada por algunos tropezones.
Todo comenzó en 2001, cuando GS1 Costa Rica, asociación que promueve y desarrolla estándares mundiales de identificación y comercio electrónico, decidió motivar al Ministerio de Hacienda para dejar en el banquillo a facturas en papel e impulsar la electrónica. Esta iniciativa fue acogida con buenos ojos por el Gobierno, quien vio en ella una nueva herramienta que permitiría a medio y largo plazo, contar rápidamente con la información de la facturación que se emite a nivel nacional y mejorar de manera significativa los procesos de control tributario. Esto hizo posible el desarrollo de una normativa que permite su uso con validez fiscal y de forma voluntaria desde 2007 para aquellas empresas que lo soliciten: la Resolución DGT-22-07; que fue revisada en 2009 en la Resolución DGT-02-09. No obstante, fue en 2008 cuando la Ley 8454 proporcionó a la factura electrónica su validez legal y reconoció su equivalencia a la factura en papel.
Los primeros pasos ya estaban dados. Una vez aprobado el sistema voluntario, Costa Rica comenzó a trabajar en un modelo de facturación electrónica de uso obligatorio. El primer semestre de 2014 era la fecha prevista para poner en vigencia el sistema, pero como ya veníamos anunciando en el titular… la factura electrónica se encontró con alguna que otra piedra en el camino. Entre ellas, escoger quién desarrollaría el sistema. Primero se pensó que el sistema de facturación electrónica costarricense lo desarrollaría el Banco Central, luego tuvieron que competir RACSA (Radiográfica Costarricense) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)… pero, ¿quién ganó esta gran batalla?
Con dos años de retraso debido a la lentitud y falta de definición en el proceso de selección de la empresa, el Ministerio de Hacienda anunciaba el pasado año que en enero de 2017 comenzaría a funcionar el sistema de factura electrónica, desarrollado y operado por la Empresa Servicios Públicos de Heredia.
Si bien es cierto que, a día de hoy la e-factura en Costa Rica aun no es el modelo oficial de facturación, parece que el camino comienza a allanarse. El pasado 7 de octubre de 2016 el Ministerio de Hacienda publicó la Resolución DGT-R-48 que autoriza el uso de la factura digital y los documentos electrónicos asociados, regula el nuevo sistema de emisión y dicta las características de cada documento. Un gran paso para la factura electrónica de Costa Rica que se reforzó con la publicación, el 3 de noviembre de 2016, de los criterios para la selección paulatina de contribuyentes obligados.
Aun así, todavía queda alguna piedra por el camino. El nuevo sistema de facturación, que tiene un costo de $8.508.909 y que será asumido por el Ministerio de Hacienda, se encuentra todavía en medio de su plan piloto. Su implementación, que estaba prevista para este mes de febrero ahora se ha atrasado a marzo de este año. La luz al final del camino comienza a verse.
Los primeros obligados serán un grupo de grandes contribuyentes formado tanto por las grandes empresas como por las que más aportan en impuestos (70% del total de ingresos tributarios internos del Gobierno Central entre el 2010 y el 2014, según un informe de la Contraloría General de la República del 2015) y se incorporarán por etapas en cada uno de los sectores económicos del país. De esta manera, una vez que la Dirección General de Tributación (DGT) realice la notificación sobre la obligatoriedad del uso de la e-factura, los contribuyentes seleccionados deberán realizar los ajustes necesarios a sus sistemas informáticos para cumplir con la obligatoriedad a tiempo.
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