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El impulso de la e-factura se ha convertido, desde hace años, en un elemento esencial para la transformación digital de las empresas y entidades públicas europeas. En este sentido, la masificación del uso de la e-factura en las relaciones B2G (de empresa a gobierno), la introducción de la obligatoriedad de la factura electrónica B2B (entre empresas) en algunos países, el fin de la aplicación de la Directiva 2014/55/​​CE dentro del marco de la Unión Europea y el impulso de la digitalización de otros gobiernos fuera de la Unión Europea han hecho que 2020 haya sido un año bastante significativo para la facturación electrónica de Europa.

Al igual que ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea, en Luxemburgo ya es obligatoria la facturación electrónica en las contrataciones públicas. Es decir, en la relación B2G. Más concretamente, en 2018 se presentó en el parlamento de Luxemburgo la Ley 7271 en relación a la regulación de la facturación electrónica que, en un principio, quedó pendiente de aprobación debido a los cambios de gobierno que se dieron entre finales de 2018 y principios de 2019.