La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.
Al igual que ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea, en Luxemburgo ya es obligatoria la facturación electrónica en las contrataciones públicas. Es decir, en la relación B2G. Más concretamente, en 2018 se presentó en el parlamento de Luxemburgo la Ley 7271 en relación a la regulación de la facturación electrónica que, en un principio, quedó pendiente de aprobación debido a los cambios de gobierno que se dieron entre finales de 2018 y principios de 2019.
La implantación de la factura electrónica en Paraguay sigue en proceso. Tras finalizar el Plan Piloto “E-Kuatia” y poner a disposición de los contribuyentes el nuevo Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN), la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) ha designado a 135 nuevos facturadores electrónicos a través de la Resolución General N° 18/19. De esta forma la SET ha dado comienzo a la segunda etapa de implementación de la e-factura, la voluntariedad de uso.
Al igual que ha ocurrido en otros países de Europa, la factura electrónica en Letonia es una modalidad que lleva funcionando de forma voluntaria en el país desde hace años. A pesar de ello, no existe ninguna normativa nacional que obligue su uso ni regule su formato y forma de emisión o recepción. Únicamente hay alguna mención a la facturación electrónica en la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 8, que permite el uso de la facturación electrónica en Letonia si la autenticidad del origen está garantizada por una firma electrónica.
A pesar de que los países de Latinoamérica son líderes mundiales en cuanto a la utilización de la factura electrónica, todavía encontramos en el continente algunos Estados que no han comenzado el proceso de adaptación hacia la e-factura. Este sería el caso del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En abril de 2014, la entrada en vigor de la Directiva Europea 2014/55/UE supuso la introducción de algunos cambios importantes respecto a la facturación electrónica en la Unión Europea, e Irlanda, como Estado Miembro, no fue una excepción.
A partir del próximo 18 de abril, las Administración Pública de la Unión Europea estarán obligadas a recibir y procesar las facturas electrónicas utilizando, para ello, el formato común europeo. El plazo de esta obligación se amplía un año -hasta el 18 de abril de 2020- en el caso de las Administraciones Regionales y Locales, para darles tiempo a adaptarse al gran cambio que supone a nivel internacional y por la complejidad del proyecto.
Guadalupe, la Guayana Francesa y Martinica son territorios de ultramar en América que forman parte de Francia desde 1946. Estos territorios, comparten las políticas administrativas y fiscales con el resto de Francia; por lo que la factura electrónica es obligatoria en las contrataciones públicas desde 2017.
La aprobación modelo de facturación electrónica de Colombia, establecido en el Decreto 2242 de 2015, y los trabajos para la implementación de la e-factura de la DIAN han dado resultado. La DIAN publicó en la Resolución 000020 del pasado 26 de marzo el nuevo calendario para la adopción obligatoria de la factura electrónica.
El calendario afecta a 18 nuevos grupos de contribuyentes, que deberán incorporarse al nuevo sistema entre 1 de mayo de 2019 y el 4 de mayo 2020, de acuerdo con las fechas límite establecidas para cada grupo.
La factura electrónica en Islandia tiene validez legal desde la aprobación de la Regulación Nacional 505/2013, que estipula los requisitos para las facturas electrónicas. A pesar de ello, a día de hoy no existe una legislación que obligue el uso de la factura electrónica B2G, aunque el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Asuntos Económicos presentó una Declaración el 10 de febrero de 2014 en la que recomendaban la factura electrónica en las contrataciones públicas a partir del 1 de enero 2015.
