La situación que te voy a describir seguro que te suena. Realizo una venta a uno de mis clientes y pacto con ellos un periodo de pago a 60, 70 o 90 días. Realizo el envío de la factura y me centro en las siguientes. Cuando se acerca la fecha de vencimiento, es cuando me preocupo por saber en que estado está. Y es en ese preciso instante cuando recibo la mala noticia de que dicha factura no se va a pagar a tiempo.
En abril de 2018, el Consejo de Planificación IT Nacional alemán, IT-Planungsrat, decidió establecer la obligatoriedad de uso de la red eDelivery PEPPOL para el envío de las facturas electrónicas a las administraciones públicas en Alemania. El calendario de aplicación se decidirá en octubre, pero la decisión de abril ya establece el primer paso para la facturación electrónica del sector público en Alemania.
La factura electrónica en Italia tuvo su primer impulso con la Ley de Presupuesto de 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244), que estableció la emisión, transmisión, almacenamiento y archivo de las facturas emitidas con las autoridades públicas (B2G) en formato electrónico con el objetivo de simplificar el proceso de facturación y registro de operaciones de impuestos.
Hace ya 13 años que Brasil implantó su modelo de factura electrónica NF-e y es, junto con el de México, el más consolidado del mundo. Todo un ejemplo para aquellos países que pretenden implantar la e-factura con el objetivo de reducir costes, agilizar procesos y mejorar el control fiscal.
PEPPOL son un conjunto de especificaciones y estándares que facilitan el intercambio electrónico de documentos de forma transfronteriza entre los diferentes países europeos. El uso de esta red se rige por una estructura de acuerdos multilaterales que nacieron durante el desarrollo del Proyecto de Compras Públicas Paneuropeas Online (Pan-European Public Procurement Online) que tuvo lugar entre mayo del 2008 y agosto de 2012. Actualmente, estos requisitos son propiedad y están mantenidos por OpenPEPPOL; una asociación internacional sin fines de lucro que surgió en 2012 tras la finalización del proyecto PEPPOL.
El proyecto de factura electrónica en Paraguay comenzó en 2013 cuando, en el camino hacia la modernidad, la e-factura se presentó como la mejor herramienta para fortalecer la imagen y la transparencia del país, al mismo tiempo que se mejoraba la competitividad de las empresas. Así, el 26 de febrero de 2013 el Ministerio de Hacienda publicó de la Ley 4868/13, en la que en su artículo 32º definió la factura electrónica como un comprobante electrónico de pago.
La factura electrónica en Panamá tuvo su primera aparición en diciembre de 2016, con la creación de un Comité Ejecutivo presidido por el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, con el fin de establecer un modelo de facturación ajustado al contexto socio-económico del país que mejorara la fiscalización del pago de impuestos y modernizara las operaciones de las empresas, generando una mayor eficiencia.
En Honduras, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, decidió desarrollar e implementar el uso de la factura electrónica con el objetivo de reducir la evasión fiscal y aumentar la captación de ingresos del ISV. Con este motivo, el 22 de abril de 2010 se publicó la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, también conocida como el Decreto 17-2010, en cuyo artículo 57 se estableció que el DEI, mediante el Reglamento correspondiente, regularía lo atinente a la factura electrónica, las personas naturales y jurídicas que deberían inscribirse, las obligaciones y prohibiciones de éstas, infracciones y sanciones administrativas.
El estudio compara el grado de implantación de la factura electrónica en España para el período 2016-2017, contemplando una muestra de 202.565 empresas receptoras de factura electrónica y 12.801 emisoras. A lo largo de este período, el número de facturas electrónicas procesadas en 2017 en España ascendió a 156.656.072 documentos, un 32,19% más que en 2016. Del total, 129.806.396 documentos, un 35,2% más que en 2016, corresponden a transacciones entre empresas (B2B), 15.970.500, un 25,7% más que en año anterior, a operaciones entre empresas y las administraciones públicas (B2G) y 10.656.072 a ventas de empresas a particulares (B2C), lo que representa un incremento del 11,13%.
El Servicio de Impuestos Nacionales de Bolivia, SIN, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y avanzar hacia una mayor digitalización de los datos de las operaciones comerciales, decidió aprobar en 2007 la RND 10-0016-07. La cual, regulaba el Nuevo Sistema de Facturación, también conocido como NSF-07, e introducía la facturación en línea y electrónica en Bolivia.
