La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.
La implementación y el éxito de factura electrónica en América es el fruto del esfuerzo de las Administraciones Públicas y Tributarias de los diferentes países del continente, que vieron en la e-factura un elemento clave para el avance y la transformación digital. En la década de los 90, las ideas propuestas en el Consenso de Washington y la influencia del “reinventing government” para la gestión pública, sentaron las bases para el impulso de la factura electrónica.
Los países escandinavos son, sin duda, uno de los lugares del mundo en los que la e-factura ha gozado de una acogida excepcional. Noruega, junto con Dinamarca, Suecia y Finlandia, es uno de los países europeos que más fuerte ha apostado por la implantación de la facturación electrónica en el ámbito B2G.
A partir del 7 de agosto, los Principales Contribuyentes, conocidos como PRICOS, tendrán que trabajar con un OSE. Dentro del grupo de los PRICOS se incluye a todas aquellas empresas cuyos ingresos anuales en 2017 hayan sido iguales o superiores a 300 UIT (1 millón 215 mil soles). Según la SUNAT, actualmente en Perú hay 14.000 entidades de este tipo.
En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).
La factura electrónica en Países Bajos es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales desde el 1 de enero de 2017. El gobierno holandés transformó la Directiva Europea sobre la factura electrónica (2014/55/UE) en ley a través de la Ley Nacional de Contratación Pública. En el tomo 115 de dicha Ley se regulan los requisitos necesarios para operar con facturas electrónicas.
El pasado 18 de abril entró en vigor la Directiva Europea relativa la facturación electrónica (2014/55/UE), mediante la cual se estableció la obligatoriedad, para las administraciones públicas, de recibir y procesar facturas electrónicas en la Unión Europea. Los objetivos principales de esta medida son impulsar la transformación digital y aumentar la eficiencia en las administraciones públicas. Sin embargo, la introducción de esta Directiva conlleva una serie de cambios logísticos, administrativos y legales que no se han producido de forma homogénea en todos los Estados Miembros.
A partir del próximo 1 de julio todas las empresas no residentes en Portugal estarán obligadas a utilizar la factura electrónica. Esta decisión forma parte de la estrategia puesta en marcha por la Agencia Tributaria y Aduanera (AT) para impulsar la masificación de la e-factura en el país.
En Asia, el uso de la factura electrónica no está tan masificado como en otros lugares del mundo como Europa o Latinoamérica. Actualmente, la e-factura se encuentra en una etapa incipiente debido a que, en la gran mayoría de países del continente, a pesar de que se puede usar voluntariamente, no existen leyes reguladoras ni tampoco hay estándares establecidos.
La factura electrónica en Lituania es obligatoria en las contrataciones públicas de las entidades y poderes adjudicadores centrales, regionales y locales desde el 1 de julio de 2017. Así quedó establecido en la Ley de Contratación Pública de la República de Lituania - Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas – revisada el 2 de mayo de 2017.
