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Noruega, junto con Dinamarca, Suecia y Finlandia, es uno de los países que más fuerte apostó por la adopción de la factura electrónica en el ámbito B2G.

Aunque no pertenece a la UE, el país escandinavo ha intentado adaptarse lo máximo posible a los requisitos que sí cumplen los Estados miembros. Una muestra de ello es la leyDigitaliseringsrundskrivet y Nye obligatoriske IT-standarder i offentlig sector, a través de la cual se transpuso la Directiva Europea 2014/55/UE.

En Oceanía, el único país que tiene obligatoriedad en relación a la factura electrónica es Fiyi. No obstante, parece que la exclusividad no durará mucho tiempo, puesto que Australia y Nueva Zelanda parecen estar decididos a dar los primeros pasos en la implementación de la e-factura, tras la firma del tratado “Trans-Tasman e-Invoicing Interoperability Framework”, que se espera que vea a luz a finales de 2019.

La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.

A partir del 7 de agosto, los Principales Contribuyentes, conocidos como PRICOS, tendrán que trabajar con un OSE. Dentro del grupo de los PRICOS se incluye a todas aquellas empresas cuyos ingresos anuales en 2017 hayan sido iguales o superiores a 300 UIT (1 millón 215 mil soles). Según la SUNAT, actualmente en Perú hay 14.000 entidades de este tipo.