El gobierno de España, apoyado por la Unión Europea, lleva varios años trabajando para lograr la digitalización de las Administraciones y Servicios Públicos, entre ellos el de la Justicia. A mediados de 2020, se presentó el Plan Justicia 2030, para la transformación del servicio público en los próximos años.
La crisis generada por el coronavirus provocó, a principios de año, un parón empresarial a nivel mundial. El impacto económico se ha notado en todos los sectores y todo apunta a que también afectará al mundo del Intercambio Electrónico de Documentos (EDI). No obstante, al igual que sucede con la facturación electrónica, el panorama para este sector no es tan desalentador.
En los últimos años, la firma digital ha cobrado una gran importancia en el área de recursos humanos, un departamento clave en el éxito de los procesos de transformación digital de las empresas, ya que es el encargado de incorporar la digitalización en la cultura empresarial.
El parón comercial al que se han visto abocadas muchas empresas durante la pandemia, ha modificado el concepto de digitalización. A principios de este mismo año, los conceptos de digitalización y transformación digital de los negocios estaban enfocados a aumentar la productividad. No obstante, durante estos meses, la digitalización de las empresas ha servido para algo esencial: mantener la productividad y no desaparecer.
Uno de los principales desafíos de la banca tradicional es la adaptación a los tiempos actuales. Por este motivo, con el objetivo de ofrecer a sus clientes servicios de calidad y hacer frente a la amenaza creciente de las Fintech, las entidades bancarias han comenzado a digitalizarse.
Al igual que está sucediendo en muchos otros países del mundo, en Colombia, la crisis sanitaria del coronavirus está favoreciendo e impulsando el uso de tecnologías que facilitan o eliminan las transacciones presenciales y permiten continuar con la actividad económica a distancia.
Problemáticas compartidas, preocupaciones comunes, procesos anticuados; pero también, soluciones a todas esas cuestiones. De todo esto - y mucho más – se debatió durante la celebración del Finance Meeting 2019.
En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).
Cada día, con mayor intensidad, las empresas notan sobre su cabeza la sombra que les obliga a estar en continua alerta ante los frecuentes cambios del mercado o de las normativas. La actualización de procesos, ya sean de negocio o de gestión interna, pierde resistencia puesto que las empresas no se pueden permitir cerrar la puerta a innovaciones tecnológicas o a requisitos legales.
