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Evolución de la factura electrónica en Honduras

DEI_Logo.pngEn Honduras, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, decidió desarrollar e implementar el uso de la factura electrónica con el objetivo de reducir la evasión fiscal y aumentar la captación de ingresos del ISV.  Con este motivo, el 22 de abril de 2010 se publicó la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, también conocida como el Decreto 17-2010, en cuyo artículo 57 se estableció que el DEI, mediante el Reglamento correspondiente, regularía lo atinente a la factura electrónica, las personas naturales y jurídicas que deberían inscribirse, las obligaciones y prohibiciones de éstas, infracciones y sanciones administrativas.

Así, Honduras comenzó a trabajar en la elaboración del marco normativo que regularía la e-factura en el país. Para ello, se tomaron como referencias las experiencias positivas de otros países de la zona como Ecuador, Chile, Argentina y Guatemala. Este proceso culminó el 14 de febrero de 2014, cuando se publicó el Acuerdo 189-2014; que estableció el reglamento de facturación y supuso la aparición de la factura electrónica hondureña.

En ese mismo año, el 23 de noviembre de 2014, se publicó el Acuerdo 058-2014, en cuyo artículo 24 se estableció la incorporación gradual de los contribuyentes obligados a facturar electrónicamente; y en el artículo 27 se dictaminó el calendario de obligatoriedad de la factura electrónica en Honduras:Obligados DEI.png

El nuevo sistema de facturación permitió que, de enero a abril de 2015, se inscribieran en el Registro Mercantil de Honduras 2,785 nuevas empresas, 47% más que las registradas durante el 2014; y, su masificación, alcanzó a más de 89,740 empresas en agosto de 2015.

A pesar de estos datos, la e-factura fue muy debatida entre el entramado empresarial hondureño. Principalmente debido a la precipitación de su obligatoriedad y al poco margen de maniobra del calendario de obligados.

Aun así, la facturación electrónica en Honduras siguió adelante y, su masificación de uso en enero de 2016 trajo consigo grandes ventajas para las empresas del país, como un mayor desarrollo económico, una mayor eficiencia en el control tributario, la creación de nuevos modelos de negocios, etc.

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