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La implementación y el éxito de factura electrónica en América es el fruto del esfuerzo de las Administraciones Públicas y Tributarias de los diferentes países del continente, que vieron en la e-factura un elemento clave para el avance y la transformación digital. En la década de los 90, las ideas propuestas en el Consenso de Washington y la influencia del “reinventing government” para la gestión pública, sentaron las bases para el impulso de la factura electrónica.

En Honduras, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, decidió desarrollar e implementar el uso de la factura electrónica con el objetivo de reducir la evasión fiscal y aumentar la captación de ingresos del ISV.  Con este motivo, el 22 de abril de 2010 se publicó la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, también conocida como el Decreto 17-2010, en cuyo artículo 57 se estableció que el DEI, mediante el Reglamento correspondiente, regularía lo atinente a la factura electrónica, las personas naturales y jurídicas que deberían inscribirse, las obligaciones y prohibiciones de éstas, infracciones y sanciones administrativas.