En Malta, las Administraciones Públicas dependientes del gobierno central están obligadas a operar con factura electrónica desde el pasado 18 de abril, al igual que ocurre en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. En noviembre de 2018, la Directiva 2014/55/UE, relativa a la factura electrónica en Europa, se transpuso a través de la Ley de Administración Financiera y Auditoría (Cap. 171) y la Ley de los Consejos Locales (Cap. 363).
El gobierno maltés lleva varios años impulsando la adopción de la e-factura a través de la estrategia nacional Digital Malta: 2014-2020, la cuál trata de implementar procesos de digitalización y automatización de tareas tanto en las organizaciones públicas como en el ámbito de la empresa privada. Con la finalidad de que la introducción de la factura electrónica fuese lo más sencilla posible, el gobierno comenzó con una fase de prueba en los diez ministerios principales, para posteriormente extender el uso de la e-factura a nivel nacional. La inclusión de la factura electrónica en los organismos dependientes del gobierno regional y local, en abril de 2020, será el broche de oro a esta estrategia.
El organismo encargado del proceso de implementación de la e-factura en Malta, es el Ministerio de Finanzas a través de su Departamento del Tesoro. Estos organismos trabajan en asociación junto con la Malta Information Technology Agency (MITA) para desarrollar una plataforma de facturación electrónica en el país. Sin embargo, por el momento, no hay puesta en marcha ninguna solución y tanto el gobierno como sus proveedores parecen inclinarse a utilizar la plataforma PEPPOL.
Con la intención de adaptarse al formato común europeo EN 16931 se prevé que, a lo largo de este año, el gobierno maltés introduzca enmiendas a los Reglamentos Financieros.
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