Según el informe Comportamiento de Pago Empresarial, realizado por Informa, desde el pasado mes de marzo, y coincidiendo con el inicio del estado de alarma, el 60% de las empresas españolas ha sufrido un aumento de los retrasos en los pagos.
El informe analiza el comportamiento de pagos tanto a nivel nacional como internacional, y recuerda que, en 2019, países como España, Alemania y Países Bajos incrementaron sus plazos de pago. Si bien el incremento del Retraso Medio de Pago (RMP) alemán y holandés ha sido mínimo, el español ha sufrido un aumento bastante importante, de 0,82 días, lo que ha hecho que, en el último trimestre de 2019, España haya vuelto a superar los 14 días de retraso, cosa que no había ocurrido desde 2016. A pesar de todo, nuestro país continúa situándose cerca de la media europea (13,17 días).
Por tamaño de empresa, son las grandes corporaciones las que presentan un Retraso Medio de Pago más alto, con 15,93 días en el cuarto trimestre de 2019. Le siguen la mediana empresa (13,30 días) y la pequeña (11,80 días).
Esta situación está provocando problemas de liquidez en muchas entidades, algo que podría condicionar su futuro e, incluso, su supervivencia. El parón comercial no es lo único que ha afectado a las empresas, sino que también influye la falta de digitalización de las mismas y la inexistencia de infraestructuras robustas.
La factura electrónica aporta liquidez inmediata a las empresas
La factura electrónica optimiza la gestión de las empresas, aportando liquidez y ofreciendo nuevos canales de financiación como el factoring.
Para las empresas que utilizan la factura electrónica, la puntualidad en los pagos queda reforzada por el propio sistema, ya que no existen demoras en la facturación: la factura se emite en el momento en que se presta el bien o el servicio, el receptor la valida automáticamente -salvo que exista alguna discrepancia, que se comunica al instante para su resolución- y, en todo momento se conoce el estado de la factura y la previsión de cobro.
Impulso europeo
La Unión Europea lleva años promoviendo la implementación de la factura electrónica en las transacciones comerciales del mercado interior. De hecho, desde el pasado mes de abril de 2020, todas las Administraciones Públicas europeas están operando con facturas electrónicas.
Además de reducir el RMP y aumentar la liquidez, la e-factura optimiza el funcionamiento de la cadena de suministro, lo que se traduce en una mejora sustancial de las relaciones con clientes y proveedores. Además, a estas ventajas se añade un significativo ahorro de costes, cifrado en 1.602.161.051€ en 2019, según el Estudio sobre la implantación de la Factura Electrónica en España de SERES.
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